Dos años de cárcel para exdirectivos de la Agencia Catalana del Agua por revelación de información reservada
La Audiencia de Barcelona concluye que antiguos altos cargos llevaron a cabo una contratación fraudulenta con uso de información privilegiada
La Audiencia de Barcelona condena a dos años de prisión a exdirectivos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), empresa pública de la Generalitat, por revelación y uso de información reservada. Además, les impone entre cuatro y ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por un delito de prevaricación. En su fallo, la Sección 8º señala que la entidad llevó a cabo una contratación fraudulenta, con uso de información privilegiada que benefició a un tercero.
El fondo del asunto versaba sobre si la contratación de una unión temporal de empresas (UTE) para realizar trabajos de adecuación de una directiva europea para la mejora de la calidad de las aguas había sido irregular. La sentencia concluye que sí porque ésta no garantizó los principios de publicidad y libre concurrencia, tal y como indica la normativa de contratos públicos.
El fallo condena a los acusados por prevaricación y revelación y uso de información privilegiada, mientras que los absuelve del delito de malversación, al considerar que no ha quedado acreditado el perjuicio de la ACA por esta contratación fraudulenta .
Así, la Audiencia impone dos años de cárcel a Manuel Hernández, director de la Agencia entre 2007 y 2008, como autor de un delito de revelación de información reservada , y a Josep B.T; Joan Lluís Quer -expresidente de Infraestructuras de la Generalitat en la época de Artur Mas; Jordi Demòstenes Molist; Antoni Munné y Gabriel Borràs, como inductores del mismo. También entre cuatro y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público a los mismos, por el delito de prevaricación.
Fue la Fiscalía Anticorrupción la que presentó una querella contra los exdirectivos de la ACA por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en la adjudicación de contratos de forma irregular por valor de 7,6 millones de euros.
Tal y como la Justicia considera ahora probado, las irregularidades se cometieron entre 2007 y 2008, aunque el juicio no se celebró hasta principios de este año. En su declaración, los imputados aseguraron que las adjudicaciones por una consulta sobre la cuenca fluvial en Cataluña y 38 trabajos específicos a la UTE fueron correctas.
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