Universitaris per la Convivència pide al ministro Subirats y a ERC que legislen «con rigor y respeto» a los derechos de los ciudadanos

En el comunicado, consultado por ABC, la plataforma cuestiona la reacción del Ministerio ante la Carta de la plataforma en la que los firmantes exigen la retirada del artículo 45.2 g) del proyecto de la LOSU, propuesto por el grupo Republicano, que establece como «función fundamental» del Claustro la de «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia».

«Según el Ministerio, esta nueva función del Claustro no incluye la facultad de 'posicionarse', dado que precisamente esta facultad, que figuraba en el redactado inicial de la enmienda, fue suprimida durante el trámite parlamentario en el Congreso. En cambio, ERC considera 'que el análisis y el debate son ya implícitamente una forma de conocer y fijar posición sobre todo aquello que pueda abordarse'. Esta consideración está en plena consonancia con las declaraciones efectuadas en su día por su diputada Marta Rosique«, precisan en el comunicado .

«Nos hallamos ante una discrepancia que afecta al punto clave de la enmienda, y que no hace más que dar la razón a nuestra Carta, en la que se advertía de la posibilidad de interpretar el nuevo precepto como habilitando a los Claustros para pronunciarse acerca de los temas debatidos», indican los profesores. «En este contexto, -añaden- las afirmaciones del Ministerio de que la Universidad es 'un foro abierto para el debate e intercambio de ideas' y que ello está en 'plena consonancia con los principios democráticos y constitucionales' resultan perfectamente triviales e inútiles. Triviales porque nadie discute que la Universidad haya de ser un foro de debate, e inútiles porque en nada ayudan a dirimir la cuestión en disputa«.

«Comprendemos que, en sede parlamentaria, es deseable que se llegue a acuerdos cuanto más amplios mejor sobre el contenido de las leyes, aunque el precio del acuerdo nunca puede ser el de aprobar una norma cuyo tenor sea tan sumamente vago que impida a sus destinatarios conocer cuáles son sus derechos y sus obligaciones«, subrayan los impulsores del comunicado.

Advierten, en este sentido, de que «esa vaguedad de las normas puede constituir un precio realmente alto a pagar por los ciudadanos«. Apoyan esta afirmación aludiendo al precedente de la reforma de la legislación educativa catalana en materia lingüística.

«En este caso, se acordó calificar el castellano de 'lengua curricular', una novedosa denominación, y con ello se alcanzó un pacto entre la mayoría parlamentaria nacionalista y el grupo socialista. El gobierno catalán, a su conveniencia, interpretó 'curricular' como distinto de 'vehicular', y los socialistas, a la suya, interpretaron ambos términos como sinónimos. El resultado de ese pacto ha sido la paralización de la ejecución de la conocida sentencia del 25 por ciento, en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre cómo ha de ser interpretada esa innovación legislativa de la 'curricularidad' lingüística«, señalan desde Universitaris per la Convivència.

«Pactos como este bien merecen el calificativo de fraudes a la ciudadanía, que debe esperar con mucha paciencia, y sin saber cuáles son sus derechos, la resolución en los tribunales de un asunto que el legislador tenía la obligación de haber clarificado«, arguyen.

Por tanto, y volviendo a la LOSU, Universitaris per la Convivència reclama al ministro que «si efectivamente considera que la nueva LOSU no atribuye a los claustros universitarios la posibilidad de posicionarse sobre temas de trascendencia social, promueva una modificación en el trámite de la ley en el Senado, de acuerdo con la cual se suprima el art. 45.2 g) y, todavía mejor, que se incluya expresamente en la ley el deber de neutralidad ideológica de las universidades públicas y de todos sus órganos de gobierno y representación«.