Piden imputar a la interventora delegada de Barcelona en la causa de las subvenciones de Colau

Según el escrito presentado ante el juzgado y consultado por ABC, ATCD considera que Torres Morales debería haber formulado reparos al proceso de ayudas, los años 2016 y 2018, a las entidades Associació Observatori Drets Econòmics, Socials i Culturals (Observatori DESC), Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Aliança contra la Pobresa Energètica y Enginyeria sense Fronteres, vinculados con Colau antes de que esta accediera a la alcaldía de Barcelona.

Para la entidad demandante, que ha tomado como referencia el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que a finales de 2022 reabrió el caso contra Colau, Torres Morales es «por comisión u omisión» cooperadora «necesaria», ya que si hubiera planteado reparos a las ayudas del ayuntamiento a las asociaciones mencionadas «no podrían haberse concedido las subvenciones» y que la Audiencia considera «irregulares».

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En esta línea, recogiendo las palabras de la Audiencia, ATCD señala que «la testigo [Torres Morales fue testigo en la fase inicial del proceso judicial] pudo hallarse condicionada [en su intervención], ya que no resultaría lógico sostener lo contrario, pues si hubiera apreciado infracciones penales no solo no debería haber efectuado 'observaciones', sino 'reparos' con las consecuencias (...) entre las que se halla la suspensión del procedimiento de concesión directa de subvenciones, y, además, se hallaba obligada, en tal caso, a denunciar los hechos».

La petición de imputación se ha trasladado a las partes. De momento, la Fiscalía ha preferido esperar a que este viernes declare como testigo el interventor general del ayuntamiento, superior jerárquico a Torres Morales, para decidir si se une a la petición de ATCD y pide su imputación. Este viernes por la mañana, además del interventor general, declarará ante el instructor de la causa un exasesor de Ciudadanos en el consistorio.

En diciembre de 2021, ATCD acudió a los tribunales acusando a Colau de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por la concesión de subvenciones a entidades afines. en julio de 2022, el mismo Juzgado de Instrucción que ahora investiga el asunto decidió dar carpetazo al tema. Pero la Audiencia Provincial de Barcelona lo reabrió en noviembre. En los próximos días se sabrá si el magistrado admite la petición de ampliación de la querella que afecta a Torres Morales.