«La Generalitat está secuestrada por el taxi, les han hecho una ley 'ad hoc'»

El último episodio de esta batalla se libra con toda crudeza en Cataluña, la región donde más se ha combatido a las VTC y donde el Govern de Salvador Illa, con el apoyo del grueso de los partidos en el Parlament, pretende sacar adelante una nueva ley de Transporte que, según el texto ya registrado en la Cámara catalana, impedirá a las VTC prestar servicios urbanos, lo que prácticamente les aboca a la desaparición. Desde Unauto VTC, la patronal mayoritaria del sector, se anuncia por un lado la apertura de un frente judicial que confían en ganar y, por otro, un proceso de diálogo con los partidos para, en el trámite de enmiendas, tratar de enderezar un texto que «se ha creado 'ad hoc' para favorecer al sector del taxi», tal y como explica en conversación con ABC José Manuel Berzal, presidente de la patronal.

El malestar del sector es mayúsculo, convencidos de que la Generalitat lleva años actuando «secuestrada por los intereses del sector del taxi», liderado en Cataluña por su líder histórico, un Alberto 'Tito' Álvarez que «ha actuado de redactor de la ley, portavoz, interlocutor con los grupos políticos y con los medios», lamenta Berzal. En este contexto, para el presidente de las VTC, la estrategia de la Generalitat de declarar el taxi como «servicio de interés económico general» para establecer su prevalencia sobre las VTC y así sortear por ejemplo el criterio en contra de las restricciones fijado por el TC y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es solo una «justificación sin rigor jurídico» para «favorecer con premeditación y alevosía» a los taxistas.

Así están las cosas ahora en Cataluña, la región más hostil dentro de España para las VTC, consecuencia de lo que consideran que es un desbarajuste regulatorio que viene de antes. En 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una liberalización del sector que, posteriormente, en 2018, «fruto de la presión del taxi», otro Ejecutivo del PSOE, en este caso liderado por Pedro Sánchez, corrigió con lo que se conoce desde entonces como 'Decreto Ábalos', que transfería la regulación de la actividad a las Comunidades Autónomas. «Lo que se explicó que era la solución definitiva para ordenar la convivencia, garantizar un equilibrio justo entre sectores y crear mecanismos de seguimiento, en realidad, siete años después, lo que ha generado es fragmentación normativa y la movilidad urbana sigue marcada por la escasez», explica Berzal.

 En este sentido, el 'Decreto Ábalos' ha acabado dibujando un mapa desigual, donde el modelo restrictivo de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, País Vasco, Galicia o Murcia contrasta con el «modelo abierto y competitivo» de Madrid y Andalucía, donde el resultado, para Unauto, ha sido positivo, «con más opciones de movilidad, convivencia real entre taxis y VTC y un taxi más fuerte». Al respecto, recuerdan, la coexistencia de los dos modelos es posible, y las VTC no van en detrimento del taxi tradicional, insisten. Sin ir más lejos recuerdan que la cooperativa Radio Teléfono Taxi Madrid alcanzó un «récord histórico de servicios» el 7 de diciembre, y el valor de las licencias ha aumentado un 137% desde 1994, hasta unos 130.000 euros.

Incluso peor que el modelo restrictivo de comunidades como Cataluña se señala el «vacío normativo» en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Galicia, Asturias, Extremadura o Cantabria, donde al «no establecer regulación marco, o delegarla en Ayuntamientos sin capacidad real, a menudo presionados por el sector del taxi» se ha dejado a «millones de ciudadanos sin acceso a un servicio que sí existe en otras partes de España».

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Desde la patronal de las VTC se dibuja un panorama de oferta estancada y demanda insatisfecha, como se puede comprobar, recuerdan, en las largas colas esperando taxi en las estaciones de tren o aeropuertos de las comunidades con restricciones. Fruto de la presión del taxi y la «deliberada restricción de la oferta, el ciudadano ve en realidad restringido su derecho a la movilidad», insisten. Según datos de la patronal, España cuenta con cerca de 63.200 licencias de taxi y 22.700 de VTC: «Aunque la cifra pueda parecer significativa, la realidad es que el número de taxis se ha mantenido prácticamente inalterado durante los últimos 40 años. En ese mismo periodo, la población ha crecido en millones de habitantes, la renta per cápita se ha disparado y España se ha consolidado como segunda potencia turística mundial, con más de 85 millones de visitantes anuales. Este estancamiento explica la carencia crónica de servicios, especialmente en zonas de alta demanda como Baleares, Barcelona o Valencia». Según datos de Unauto, ciudades como Nueva York cuentan con 12,3 vehículos (taxi y VTC) por cada 1.000 habitantes, mientras que en Londres hay 10,1, en Lisboa 5,7 o en París 5,5. Por contra, apunta, en Madrid y Barcelona apenas se superan los dos vehículos por cada 1.000 habitantes.

Las espadas siguen en alto, aunque en Cataluña el primer golpe lo han dado los taxis con una ley que parece hecha a su medida. Para las VTC, la nueva ley pone en riesgo hasta 6.000 empleos en la comunidad.