Cataluña vetará los VTC en los desplazamientos urbanos y reserva ese mercado a los taxis

«Llevamos muchos años luchando contra esta gente. Gana el taxi y gana la ciudadanía», añade Álvarez, que lamenta que el veto a las VTC en Cataluña sea una excepción dentro de España.

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E. G.

La protesta ha comenzado a las 10.30 horas frente a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con unos 200 vehículos manifestados

A grandes trazos, y como principal novedad, la nueva regulación implica que las VTC -990 con licencia urbana en el Área Metropolitana de Barcelona- no podrán ejercer como taxis dentro de los límites municipales y solo podrán funcionar en trayectos interurbanos, con una contratación con antelación mínima de diez minutos. El servicio tradicional de taxi -solicitado mediante aplicación, en parada o levantando la mano en plena calle-, sólo lo podrán prestar los taxis con licencia -10.517 en el área de Barcelona-, con tarifas reguladas fijadas por la administración y reconocidos a partir de ahora como «servicio base», con las ventajas y obligaciones que comporta un servicio que tiene la consideración de público.

De aprobarse esta norma, las VTC no podrán atender la demanda de movilidad urbana, si bien se contemplan algunas excepciones para momentos puntuales como podrían ser eventos del tipo del Mobile World Congress. En paralelo, se crea una nueva categoría (vehículos de alta disposición), pero solo para trayectos discrecionales, con contratación anticipada de dos horas y duración mínima de una hora.

Se prevé que la nueva regulación entre en vigor a finales de 2026 y su puesta en marcha implicará la desaparición gradual de 600 de las 990 licencias para VTC que hay en Cataluña, que además de licencia interurbana (3.981) también la tienen urbana. Un sistema de control telemático permitirá hacer seguimiento a los vehículos y comprobar si cumplen con la nueva ordenación. Por lo que respecta a las nuevas licencias, únicamente se abrirán a las VTC si no se cubren antes con taxis.

Desde la Generalitat se subraya que la nueva regulación no solo ordena las distintas categorías de transporte, sino que regula con mayor severidad el servicio de taxi, de modo que los usuarios «tengan acceso al taxi en condiciones de igualdad, no discriminación, calidad y seguridad». Eso se traduce, por ejemplo, en que el taxi también tendrá la obligación de aceptar el cliente con independencia del recorrido y no podrá rechazar un servicio salvo por causas muy justificadas. El servicio de taxi podrá ser movilizable en caso de emergencia y tendrán que garantizar traslados a centros sanitarios o asistenciales.

Desde el sector del taxi tradicional se señala la nueva ley como una oportunidad de actuar con firmeza contra las malas prácticas de ciertos conductores -«meter mano de verdad», en palabras de 'Tito' Álvarez-. Las escenas de taxistas esquilmando a turistas en la Villa Olímpica de Barcelona a la salida de las discotecas podrán ser sancionadas con multas de hasta 4.000 euros y la inmovilización del vehículo. «Luchamos con todas las fuerzas contras las VTC, pero también contra ciertos taxistas que son una lacra para el gremio», añade Álvarez.

Frente a la visión del taxi tradicional, la patronal de las VTC y el Sindicato Libre de Transporte (SLT) advierten del impacto de la nueva regulación, con 6.000 empleos directos e indirectos amenazados y 80 millones de potenciales costes por indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. El sector asegura que si las 3.756 licencias de VTC domiciliadas en Cataluña pudieran operar con normalidad generaría 445 millones de euros de actividad económica y hasta 10.500 empleos.

Frente a la imposición de nuevas restricciones, Unauto reclama que se permita prestar servicios urbanos a todos los vehículos VTC con etiqueta CERO, acabar con las «trabas injustificadas» y alinear Cataluña con la legislación europea «garantizando la libre competencia y el cumplimiento de la jurisprudencia», apelando a las distintas sentencias que según ellos lo avalan. Los VTC han convocado una concentración de conductores para mañana, cuando está previsto que el Govern les explique la nueva regulación.

Al igual que su patronal, fuentes de Cabify lamentan haber conocido la propuesta por la prensa: «Nos provoca una enorme preocupación porque se está legislando en favor de unos y en perjuicio claro de otros, sin un estudio de impacto de la medida ni una justificación clara, en lugar de abogar por la defensa del sector en su conjunto«. »El PSC presume de llevar la palabra social en su nombre, pero está demostrando que sus medidas distan mucho de un entendimiento de la realidad social, queriendo privar a los ciudadanos de su libertad de movimiento y obligándoles a que se desplacen únicamente usando un servicio de taxi claramente insuficiente«, añade la empresa, presente en la ciudad desde 2011.

La suerte de las VTC en Cataluña está a punto de decidirse. El taxi ya celebra la victoria. Las plataformas auguran una larga batalla judicial.