Un funcionario localizó los cadáveres de la cocinera y el preso en la cámara frigorífica

Tanto la empleada como el interno habían sido contratados por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), que depende del Departamento de Justicia que, por el momento, sólo ha publicado un 'tuit' en el que apunta que «colaboran con la investigación para aclarar las circunstancias de dos muertes violentas» en Mas d'Enric y han trasladado su «pésame» a los familiares.

Según apuntan fuentes penitenciarias a este diario, ella había ejercido como cocinera ya en el penal de Brians 2, y posteriormente había sido trasladada a la cárcel de Tarragona. Por su parte, el recluso estaba destinado en el módulo de presos que cumplen condena por asesinato.

Precisamente este miércoles, pero por la mañana, cinco funcionarios denunciaban haber sufrido una agresión en otra cárcel catalana, Quatre Camins (Barcelona). En esta ocasión, por parte de un recluso «problemático», que los golpeó y mordió. Por ese motivo, desde el sindicato CSIF volvieron a reprochar la inacción de la Generalitat, pese a sus sucesivas alertas por el incremento de ataques contra los trabajadores. «Llevamos mucho tiempo pidiendo la dimisión de la consejera [Gemma Ubasart], no es algo oportunista tras esta tragedia», trasladaba a este diario su portavoz, Alberto Gómez, tras conocer lo ocurrido.

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Elena Burés

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Y es que durante los últimos años, este colectivo ha alertado del incremento de ataques que sufren. Agresiones que, unidas a la falta de personal y a la restricción de medidas para poder contener a los internos violentos, por parte de Justicia, derivan en una «situación insostenible», apuntan.

En este caso, los presos que trabajan cocinas tienen acceso a cuchillos, por lo que, pese a que en esta estancia también haya supervisión de funcionarios, siempre existe un potencial riesgo, apuntan las fuentes consultadas. Algunos funcionarios plantean que quienes los manipulen sean trabajadores externos para eliminar así cualquier peligrosidad y que los reclusos ejerzan tareas que no requieran contacto con potenciales armas.

Tras lo ocurrido, también desde UGT han reclamado la dimisión de la consejera. «Son unos hechos gravísimos que jamás debían haberse producido», han condenado desde el sindicato, y por ello piden «urgentemente» la aplicación de «medidas reales» que eviten, no solo las agresiones, sino sucesos trágicos como la muerte de una empleada a manos de un recluso. En total, son seis las agrupaciones de funcionarios de prisiones que reclaman el cese de Ubasart. Este jueves a mediodía se concentrarán ante la Secretaría de Medidas Penales en muestra de «repulsa».

Por el momento, la investigación de los Mossos, bajo secreto, sigue abierta.