El fallo del TC sobre el 25% de castellano marcará el año académico en Cataluña

El fallo «histórico» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, que, por primera vez, obligaba a impartir como mínimo un 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo supuso un balón de oxígeno para las entidades que desde hace años luchan para que «cese la discriminación del español» en Cataluña.

La Generalitat, con ERC pivotando el Departamento de Educación, no tardó en reaccionar y aprobó, en el verano de 2022, un decreto ley (6/2022), que impedía aplicar porcentajes en la enseñanza, y una ley (8/2022) para frenar la aplicación de esta sentencia. Las asociaciones que defienden el bilingüismo la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Hablamos Español (HE) movieron pieza y apelaron las normas del Govern y el TSJC emitió un fallo a finales del verano en el que apuntaba que la respuesta legal que se construyó en la anterior legislatura, con un amplio consenso, para evitar la imposición del 25% de castellano en las escuelas podría tener vicios de inconstitucionalidad, por lo que la cuestión se elevó al TC, cuyo pronunciamiento podría ser inminente. Si decreta que la ofensiva legal del Govern es inconstitucional, el castellano, aunque sea en una proporción mínima, podría ganar músculo en todas las aulas, mientras que si da luz verde a la normativa, los defensores del bilingüismo lo asumirían como la «gran oportunidad perdida para poner fin a la exclusión del castellano.

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El sindicato Ustec-Stes, mayoritario en la educación pública, desmiente que el descenso de la natalidad se traduzca, como dice el Govern, en una desmasificación de las ratios. Iolanda Segura, responsable del sindicato, asegura a ABC, que «lo que han hecho es cerrar grupos y derivar alumnos a la concertada, no desdoblar aulas». El sindicato reclama más recursos para rebajar la sobrecarga de los docentes, y poder «atender mejor a los alumnos con necesidades educativas especiales». Piden también mejoras salariales y avanza que el sindicato «no descarta pasar a la acción en el primer trimestre si la Generalitat no responde». Otra de las novedades del curso será la retirada total de los móviles en todas las etapas educativas, incluso para fines pedagógicos.