El secesionismo hace de la lengua su campo de batalla a la espera del fallo del TC

Es probablemente una anécdota, pero el «incidente 'maduixa'», con los partidos marcando posición y el PSC sin pronunciarse ante un asunto que le incomoda, es un indicador de que el tema lingüístico, a la espera del inminente fallo del Tribunal Constitucional sobre la generalización del 25% mínimo de castellano en las aulas, se convertirá con toda seguridad en el tema central del arranque del curso político en Cataluña. Al PSC    le incomoda, al secesionismo le cohesiona. «El de la lengua es un tema que polariza, muy sensible, probablemente el único que ahora mismo, en un momento de desánimo y división, aglutina al independentismo», sostiene un veterano en la defensa del bilingüismo, convencido de que la inminente sentencia del TC conducirá a un otoño caliente en este aspecto. «La única bandera común que tenemos los 'indepes' ahora mismo es la de lengua», reconocen en el independentismo, que ve en la defensa del catalán una manera de reconectar con una parroquia desencantada del 'procesismo'.

La sentencia del TC, que se esperaba incluso para antes del verano, será, particularmente, una prueba de fuego para el PSC, en especial para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha hecho de la seguridad jurídica y del cumplimiento de la ley una bandera del cambio en Cataluña tras los años de desbarre del `procés'. Mientras partidos independentistas, entidades y sindicatos educativos se preparan para plantar batalla, los grupos pro bilingüismo, por contra, tienen claro que, en virtud del actual equilibrio de fuerzas en el Parlament, Illa y su Govern acabarán alineándose, como ya hicieron la pasada legislatura, con Junts, ERC y Comunes, en favor del actual sistema de inmersión lingüística en las escuelas.

El pacto con ERC para la investidura de Illa ya obligaba a la creación de una Consejería de Política Lingüística –en manos del que fuera secretario de la materia en el anterior ejecutivo de Pere Aragonès– y a la firma de un Pacto por la Lengua del que solo se descolgó Junts precisamente por considerar que no tenía sentido adherirse sin conocer qué posición se adoptará ante la sentencia del TC. «Sería inimaginable que el PSC pusiese en riesgo la estabilidad de la legislatura por un asunto, la inmersión, que en el fondo siempre ha defendido», se apunta en el otro extremo del arco parlamentario. «Aunque en años anteriores el PSC propugnaba una aplicación flexible de la inmersión, su dependencia de ERC y el control de la comunidad educativa en manos de Ustec –sindicato mayoritario–, hacen impensable una aplicación rigurosa del previsible fallo del TC a favor del 25%», añade una fuente del sector educativo.

Lo que está en juego no es poco, un fallo clave que tiene su origen en la sentencia «histórica» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, que, por primera vez, obligaba a impartir más castellano en todo el sistema educativo catalán –como mínimo un 25% de clases en esta lengua–, lo que supuso un balón de oxígeno para las entidades que desde hace años luchan para que «cese la discriminación del español» en las aulas de Cataluña.

La Generalitat, con ERC pivotando el Departamento de Educación, no tardó en reaccionar y aprobó, en el verano de 2022, un decreto ley (6/2022), que impedía aplicar porcentajes en la enseñanza, y una ley (8/2022) para frenar la aplicación de esta sentencia. Las asociaciones que defienden el bilingüismo, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Hablamos Español (HE), movieron pieza rápidamente, apelaron las normas del Govern y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió un fallo a finales del pasado verano en el que apuntaba que la respuesta legal que se construyó en la anterior legislatura, con un amplio consenso, para evitar la imposición del 25% de castellano en las escuelas podría tener vicios de inconstitucionalidad, por lo que la cuestión se elevó al Constitucional, cuyo pronunciamiento podría ser inminente.

Con su fallo, el alto tribunal desencallará el histórico conflicto lingüístico en Cataluña: si decreta que la ofensiva legal del Govern es inconstitucional, el castellano, aunque sea en una proporción mínima, podría ganar músculo en todas las aulas, mientras que si da luz verde a la normativa, los defensores del bilingüismo lo asumirían como la «gran oportunidad perdida para poner fin a la histórica exclusión del castellano en la educación catalana».

Las entidades en defensa de la lengua catalana, con Òmnium Cultural y Plataforma por la Lengua al frente, se preparan para una sentencia desfavorable, mientras que el bloque en defensa del castellano teme «un fallo ambiguo que no resuelva el conflicto». En espera del pronunciamiento, la Justicia ha emitido este curso 15 resoluciones favorables a una mayor presencia de esta lengua en la escuela catalanas.

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En este contexto, la peculiar coyuntura política, tanto en el Parlamento como en el Congreso, hace previsible que los partidos independentistas harán de la lengua bandera, por una cuestión de convencimiento como de oportunidad política: mientras que en otros asuntos verdaderamente de calado –financiación singular, aplicación de la amnistía, traspaso de las competencias de inmigración...–, su capacidad, y voluntad, de presión sobre el PSC y PSOE es limitada dada la falta de alternativa viable para el secesionismo en el flanco PP/Vox, con el tema de la lengua pueden ir a fondo.

Como se ha visto con el caso 'maduixa', la defensa del idioma enciende los ánimos, cohesiona al secesionismo y fuerza al PSC, aunque con cierta incomodidad, a alinearse con el independentistas y comunes para no verse en el otro frente, el liderado, como les definen, por la «derecha españolista». Como en muchos otros casos en Cataluña, no hay término medio.