«Las facturas de dos sociedades amparan en realidad 'servicios' prestados por Jordi Pujol Ferrusola»

Por eso, tras el reproche, Estella le respondió que contaba con notas de todos los informes, desde los Pujol hasta Gürtel, «antes de enviarlos al juez». «Si no te los mando todos es por no saturarte de papel. En adelante te los mandaré». Unas horas después, Menéndez insistió: «Un resumen y solo los de los pujoles». Son varios de los emails que obran en la causa, tutelada por el Juzgado Instrucción 2 de Tarragona, por la que el juez Rubén Rus investiga a Montoro, por las presuntas irregularidades que habría cometido a través de su despacho de abogados, Equipo Económico, y en la que también están imputadas otras 27 personas y seis empresas. Así, en un correo de septiembre de 2014, cuyo contenido avanzó 'El Periódico', el jefe de gabinete del ministro resume una relación de las causas de los Pujol, y explica: «Parece ser que de ahí saldrán más delitos, no sabemos si fiscales, y que se complicará la trama».

Por su parte, Menéndez urgió al jefe de la ONIF a facilitarle información: «Es muy importante que antes de que se envíen este tipo de informes, [...] yo tenga conocimiento del contenido de los mismos». Fue así como, a las 3.33 de la madrugada, Alarcón Estella se los remitió, y le resumió que «en base a las indagaciones de la UDEF [la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal] se llega a la conclusión de que las facturas de dos sociedades amparan en realidad 'servicios' prestados directamente por Jordi Pujol Ferrusola».

Así, y tal como consta en el sumario, esa información reservada de la Agencia Tributaria sobre el caso Pujol se reenvió al jefe de gabinete de Montoro, Martínez Rico, con la finalidad de ser remitidos al entonces ministro. No fue la única. Y es que Montoro, según apuntan los informes que obran en la causa, recibía, a través de un correo electrónico, «información relevante y protegida» relativa a inspecciones fiscales y también procedimientos judiciales.

Tras años de pesquisas bajo secreto, esta semana vio la luz el auto por el que el juzgado de Tarragona imputa al exministro por traficar con la modificación de leyes a cambio de beneficios económicos. Junto a él, casi una treintena de presuntos involucrados en la trama por cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental, que tiene como epicentro el despacho de abogados que fundó Montoro tras pasar por el Gobierno de Aznar, que luego abandonó cuando entró en el Ejecutivo de Rajoy, y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas gasistas.

En la causa también están investigados antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el exsecretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.

Montoro habría hecho «uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio» para así asegurarse «una ganancia al despacho». El juez Rubén Rus apunta que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo. «Esta trama», reza la resolución, gira en torno a la mercantil Equipo Económico así como a los socios de la misma, y las relaciones entre dicha organización y las empresas gasistas englobadas en la Afgim (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos). Así, en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, dichas compañías contrataron al despacho «a fin de que hiciese uso de su red de influencias» para impulsar las reformas legislativas pretendidas. La primera vez, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

La segunda vinculación contractual hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas. Así, «sólo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas», con una modificación legislativa. El juez indica que el pago realizado al despacho de Montoro «no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia».