Expulsado de España Said Badaoui, el supuesto salafista de Reus, acusado de amenazar la seguridad nacional

La Audiencia Nacional rechazó paralizar su deportación, y un juzgado de Reus ordenó su internamiento en el centro de extranjeros de Barcelona, donde permaneció hasta ayer. La Comisaría General de Información (CGI) acusa al activista, residente en España desde hace 30 años, de haber adoctrinado a menores vulnerables en el salafismo radical, pero su defensa denuncia que los informes que justifican su expulsión por vía de urgencia ya se esgrimieron para denegarle la nacionalidad hace dos años. Es decir, no se sustentaría así el argumento de peligro inminente.

La Policía le atribuye «la realización de adoctrinamiento en su comunidad con difusión de postulados radicales proyihadistas» y le sitúa como «uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo». También que «predica, con una influencia tal, que desde su llegada se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso».

Su abogado, Ivan Aybar, recurrió el internamiento al alegar que el instructor de Reus no cuestiona en ningún momento las afirmaciones que incluyen los informes policiales, pese a que éstos no concretan ninguna actuación de Badaoui para sustentar sus acusaciones. Tampoco ejemplos que permitan demostrar su supuesta influencia, entre otros, en el «aumento del radicalismo» en la citada provincia.

A pesar de ello, el juez mantuvo al marroquí en el CIE de la Zona Franca, y finalmente, la pasada jornada se ejecutó la orden de expulsión que tenía vigente. Junto a Badaoui también fue detenido otro activista marroquí, Amarouch Azbir quien, tras pasar a disposición de un juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), quedó en libertad.

En su auto, el juez tildó de «vago» e «impreciso» el informe policial que lo acusaba de supuesta amenaza para la seguridad nacional, y por ello denegó su internamiento en un centro de extranjeros. El oficio policial que instaba a su ingreso señala que Azbir es «colaborador activo» en la mezquita Al-Forkan de Vilanova, «una de las más radicales en sus postulados», así como que el marroquí «tuvo contacto con personas relacionadas con la operación Chacal en 2005», contra el terrorismo yihadista. A pesar de ello, Interior también ha ejecutado la orden de expulsión, y se encuentra ya en Marruecos, según confirma el letrado a ABC.

Al día siguiente de la detención de Badaoui, ERC, CUP, Junts y Unidas Podemos denunciaron que el marroquí era víctima de la «represión política mediante la Ley de Extranjería». También el PSC de Reus mostró su apoyo al líder islámico, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom) del municipio.

Todos esos partidos instaron al Govern a «activar todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas para velar por sus derechos». Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de reposición de Badaoui, en un auto fechado el 31 de octubre, al que tuvo acceso ese diario. Por lo que, finalmente, ha sido expulsado del territorio nacional.