El juez sostiene que el informe policial que acusa a Azbir de peligro para la seguridad nacional es «vago» e «impreciso»

El oficio policial que instaba a su ingreso en un centro de extranjeros señala que Azbir es «colaborador activo» en la mezquita Al-Forkan de Vilanova, «una de las más radicales en sus postulados», así como que el marroquí «tuvo contacto con personas relacionadas con la operación Chacal en 2005», contra el terrorismo yihadista.

La Policía también señala que Azbir «difunde un islam basado en tesis extremistas» y que «siempre se ha negado a condenar los atentados yihadistas». La Comisaría General de Información lo investigó por su relación con algunos de los integrantes de la denominada Brigada Al-Andalus, grupo yihadista condenado a prisión por la Audiencia Nacional, y también aparece en otras pesquisas tuteladas por el Juzgado Central de Instrucción 5, que «constata su pertenencia a una estructura consolidada de captación y adoctrinamiento de individuos para organizaciones terroristas yihadistas».

Aunque el instructor no entra a valorar el fondo del oficio policial, sí apunta que los motivos que éste incluye «no son suficientes» para ordenar el ingreso de Azbir en un CIE por suponer un riesgo para la seguridad nacional, hasta que la Audiencia Nacional decida si ejecuta o no su deportación. Señala así el juez que las conclusiones a las que llega la Policía sobre el marroquí son «vagas y genéricas» y «carecen de elementos contundentes y de entidad» para «hacer un juicio de peligrosidad» sobre el activista.

Así, el auto en el que rechaza su internamiento señala que «los postulados de islam radical de la mezquita» a la que acude «por sí solos no suponen un riesgo para la seguridad nacional» ya que no se describen conductas de apología del terrorismo por parte de Azbir o su participación en actividades que atenten contra la seguridad del Estado. «Ni si quiera que sus manifestaciones en la mezquita inciten al odio», reza la resolución judicial.

«La ideología de cada individuo, por muy radical que sea, no puede considerarse en sí misma como un riesgo a la seguridad nacional hasta que no se presenten indicios de que dicho individuo pone en práctica sus ideas, atentando contra los principios básicos de la sociedad democrática», argumenta el juez, que reprocha que la Policía hable de postulados salafistas radicales sin llegar a concretar nada más.

Sobre la operación Chacal, el instructor subraya que todos los acusados que fueron detenidos por su vinculación con la mezquita Alfurkan de Vilanova fueron absueltos, y reitera que ninguno de los supuestos postulados radicales que se describen sobre Azbir se han materializado en conductas. Por todo ello, el instructor considera «desproporcionada» la medida de internamiento, que denegó este sábado.

La resolución judicial ha servido para que la defensa de Azbir, que ejerce Iván Aybar, haya ampliado el recurso de reposición que presentó ante la Audiencia Nacional para paralizar su deportación. En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, el abogado subraya que su cliente no supone un riesgo inminente, ya que los argumentos que ahora se esgrimen contra él fueron los mismos que se usaron en 2020 para denegarle la nacionalidad española.

Es decir, rechaza que exista razón que justifique su expulsión de forma inmediata y urgente y recuerda que cuando se le notificó la orden de expulsión nadie solicitó su ingreso en un CIE. Medida que tanto la Policía como la Fiscalía pidieron cuando Azbir recurrió la orden de deportación, hace unos días.

Aybar señala además que es la primera vez en España que un juez se manifiesta así respecto de un informe policial en relación a la expulsión de un musulmán, acusado de haberse radicalizado.

La Policía detuvo a Azbir junto a Mohamed Said Badaoui el pasado martes, en virtud de la orden de expulsión que pesa sobre ambos, por suponer un peligro para la seguridad nacional, en base a informes del CNP. Por su parte, Badaoui se encuentra en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, internamiento que ordenó el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Reus. Ambos se encuentran pendientes de que la Audiencia Nacional resuelva sendos recursos contra la deportación.