Casa Orsola, inquilinos en rebeldía en la Barcelona del alquiler imposible

En Casa Orsola, en pleno Eixample de Barcelona, se da como en ningún otro lugar una colisión de derechos entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, choque entre la seguridad jurídica que demanda la propiedad y la negativa de los inquilinos a dejar unos pisos que, a precio de mercado, ahora no podrían asumir. El desalojo que se tenía que ejecutar hoy por orden judicial se ha aplazado «ante la imposibilidad de llevarlo a cabo en condiciones de seguridad». Más de 500 personas concentradas ante la finca han actuado a modo de escudo. Se ha fijado nueva fecha, en la madrugada de lunes a martes.

A pie de calle, Sandra, vecina de una finca cercana que en su momento se hipotecó para comprar un piso, trataba de resumirlo de manera equilibrada: «Es dramático que la gente tenga que marchar de Barcelona porque ya casi nadie puede pagar un piso y el alquiler está desapareciendo, pero los de Casa Orsola, la verdad, no son familias vulnerables. Entiendo que cuando estás de alquiler asumes que tarde o temprano no te renovarán el contrato, hay gente mucho más jodida».

Es este último argumento el que no comparte Josep Torrrent, un profesor en la cincuentena que después de más de dos décadas de alquiler en Casa Orsola se ha convertido en cabeza visible de la rebelión de los inquilinos y se niega ahora a abandonar su vivienda, que como toda la finca adquirió en 2021 Lioness, una SL dedicada al negocio inmobiliario y que está transformando los pisos que van quedando libres en viviendas de alquiler temporal.

Nada distinto a lo que está sucediendo en otros inmuebles de la ciudad, donde la oferta de pisos en alquiler está desapareciendo, en parte por que se están pasando al alquiler temporal, lo que desde el sector se atribuye precisamente a la inseguridad jurídica que afecta a los propietarios y a la normativa que limita los precios del alquiler en Cataluña desde el pasado mes de marzo. La situación en Barcelona es especialmente grave, que con 37.043 pisos menos en oferta en comparación con el año pasado concentra un tercio de todos los pisos que se han retirado del alquiler en el conjunto de España.

El de Casa Orsola es un caso arquetípico: fondo compra finca, no renueva contratos, remoza los pisos, los devuelve al mercado de alquiler temporal con precios disparados. Todo absolutamente legal, pero dentro de una dinámica general que hace del alquiler en Barcelona una misión imposible. La peculiaridad es que en Casa Orsola -asesorados por el Sindicato de Inquilinas y con unos perfiles profesionales que les han permitido proyectarse en los medios de comunicación- han conseguido convertir su caso una bandera.

Numerosas asociaciones y rostros conocidos del periodismo y de la cultura se han solidarizado con los litigantes, y desde el Sindicato de Inquilinas se organizó desde el jueves un maratón de actos que ha culminado esta mañana con la imposibilidad de la comitiva judicial de ejecutar el desahucio.

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Desde la propiedad de la finca, Lioness trata de poner las cosas en su justa medida. De entrada, y en declaraciones a ABC, un portavoz rechaza la calificación de fondo buitre y recuerda que el conflicto únicamente está protagonizada por cuatro inquilinos que, recuerda, no están precisamente en una situación de vulnerabilidad. Según precisa la propiedad a este diario, de los 27 pisos de la finca, hay ocho de renta antigua, siete de temporada, uno vacío y seis con alquiler vigente. Finalmente, hay cinco, es el caso del de Josep Torrent, con una orden de desahucio

Si para parte de los vecinos y el Sindicato de Inquilinas Casa Orsola se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda, la propiedad de la finca entiende que su caso también es simbólico, pero en este caso de la «creciente inseguridad jurídica que afrontan los propietarios de viviendas». «Esta situación se agrava por la lentitud de los procesos judiciales, que facilita que los inquilinos no vulnerables se nieguen a abandonar la vivienda cuando finaliza el contrato, así como por la acción de determinadas plataformas activistas que promueven prácticas de ocupación y de difamación», apuntaban en un comunicado.

Lioness recuerda que no son ni un fondo de inversión, ni una Sicav, ni una Socimi, sino una SL sujeta al tipo general del impuesto de sociedades (25%). Del mismo modo, desde la propiedad se recuerda que «todas las personas que se han puesto en contacto directo para negociar de forma individual han conseguido un acuerdo satisfactorio». «En cambio, cuatro inquilinos, no vulnerables, que siguen la directriz del Sindicato de Inquilinas de exigir una negociación colectiva, se niegan a aceptar propuestas razonables y en firme», añaden para denunciar la manipulación que supone hablar de «desahucios masivos».

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El caso de la Casa Orsola ha motivado también la intervención de la patronal Fomento del Trabajo, que recuerda que Cataluña se encuentra en una «situación preocupante en cuanto a la okupación de viviendas, liderando las estadísticas en España con más del 42% de los casos registrados el 2023, según datos del Ministerio del Interior». «A este problema se suma el incremento de casos en inquilinos que, a pesar de no encontrarse en situación de vulnerabilidad, se niegan a devolver la posesión de la vivienda a los propietarios cuando finaliza el contrato. Esto es posible gracias a la anomalía del sistema judicial, que puede tardar entre dos y tres años a resolver estas situaciones», añaden.

«Hoy hemos ganado», celebraba esta mañana Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas, para anunciar para la semana que viene más movilizaciones ante el que será el segundo intento de desalojo. Espadas en alto en la ciudad del alquiler imposible.