Barcelona anulará 140.000 multas por la sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones, pero no devolverá las ya abonadas

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A pesar de que la derogación de la normativa original no elimina las restricciones actuales al tráfico, pues ésta fue sustituida por otra en febrero de 2023, sí implica importantes repercusiones económicas para el Ayuntamiento de la ciudad. De este modo, el gobierno municipal se ve obligado a cancelar aproximadamente 140.000 multas impuestas bajo la ordenanza ahora invalidada, lo que representa una renuncia a ingresos estimados en 20,1 millones de euros.

Estas sanciones, que nunca fueron efectivamente cobradas, suponen el 42% de las multas emitidas durante los tres primeros años de implementación de la ZBE. La cancelación de estas multas se debe a que fueron disputadas o simplemente no pagadas antes de la decisión del Tribunal Supremo. A partir de ahora, el consistorio dejará de reclamar el pago de denuncias emitidas hace más de un año.

La administración del alcalde Jaume Collboni ha finalizado los preparativos para anular las multas pendientes de pago, emitidas entre enero de 2020 y febrero de 2023, relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La efectividad de esta medida se concretará una vez que se publique en los boletines oficiales, momento en el cual las sanciones quedarán oficialmente revocadas. Además, el gobierno municipal ha procedido a la devolución de fondos previamente embargados por multas que fueron objeto de recurso.

Sin embargo, el Ayuntamiento no contempla la devolución de los montos ya abonados por multas basadas en la normativa anulada, argumentando la firmeza de dichos actos administrativos y desestimando cualquier alegato posterior al fallo del Tribunal Supremo que busque la recuperación de dichas cantidades.

Frente a esta negativa, grupos afectados y patronales del sector de transporte están considerando recurrir a la justicia para reclamar la devolución de los pagos realizados. El consistorio tiene registro de alrededor de 328.000 multas emitidas bajo la primera regulación de la ZBE, sumando un total de 35 millones de euros. De esta cantidad, se logró recaudar 10,5 millones de euros correspondientes a 127.000 sanciones, además de haber anulado previamente multas por un valor similar antes de la decisión del Tribunal Supremo.