Anticorrupción enmienda al juez Aguirre y le urge a archivar la investigación inicial sobre la trama rusa

Sobre la injerencia rusa, y los presuntos delitos de malversación y blanqueo de capitales para conseguir la secesión de Cataluña, el Ministerio público recuerda que la Audiencia Nacional ya archivó en 2020 las pesquisas -entonces bajo secreto- al concluir que «carecían de toda relevancia penal». La investigación comenzó después de que la Comisaría General de Información (CGI) detectase un «ataque cibernético», ideado «de forma coordinada», por personas «afines al movimiento independentista catalán y miembros de agencias de inteligencia de la Federación Rusa». Toda esa operación «se habría mantenido gracias a la presencia física de actores rusos en territorio español, concretamente Cataluña» y «en fechas próximas al referéndum de 2017». Además, las pesquisas contaron con un testigo protegido que, en su declaración, «de forma sucinta», hizo referencia a como «los servicios de información de Rusia estarían detrás de los intentos de desestabilización de España, usando para ello los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña». A pesar de ello, y de que el citado testigo aportó nombres de empresas y personas, «fue incapaz de aportar ninguna prueba documental» o de otro tipo que pudiera apoyar lo afirmado, lo que llevó a dar carpetazo al caso.

El fiscal recuerda además al juez Aguirre que el pasado junio, la Audiencia de Barcelona tumbó la prórroga de la instrucción que él mismo había acordado casi un año antes, impidiéndole así proseguir con la causa, «abocada al sobreseimiento». Los indicios recabados hasta entonces son «insuficientes» para poder llevar el caso a juicio, sostiene Anticorrupción, en un escrito avanzado por 'El Nacional' y consultado por ABC, y por eso reclama el archivo de la pieza separada 2.

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Elena Burés

Cabe recordar que, Aguirre, una vez la Audiencia tumbó la prórroga de la instrucción, abrió una nueva pieza separada para investigar a Carles Puigdemont por la injerencia rusa. Causa que derivó al Tribunal Supremo, que todavía no ha respondido si asumirá o no las pesquisas.

Respecto a la pieza separada 5, Anticorrupción indica que durante la instrucción «no ha podido acreditarse la comisión de los presuntos delitos de dieron origen a su incoación» y por eso también solicita el sobreseimiento provisional.