El PP lleva a las Cortes la protección y el fomento del «arte» de la tauromaquia

Así que con el ánimo de dejar constancia de ese apoyo expreso a los festejos taurinos y, sobre todo, para que cada grupo parlamentario se retrate al respecto, el PP llevará una proposición no de ley en la que se defiende que «la tauromaquia no es solo un espectáculo, es una manifestación artística que fusiona la destreza, el valor y la elegancia». La iniciativa recuerda, además, que «en Castilla y León, con 2.331 espectáculos taurinos, ya por encima de los celebrados antes de la crisis sanitaria del Covid, existen ganaderías de bravo en ocho de las nueve provincias».

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De esta forma y partiendo de la Ley nacional de 2013 que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, la iniciativa del PP que, en virtud de la mayoría que suma con Vox en el Parlamento autonómico, saldrá aprobada, insta a la Junta a proteger esta manifestación artística. También reclama el fomento de los festejos taurinos en los pueblos y ciudades y en especial aquellos declarados como 'espectáculos taurinos tradicionales'. En este punto, se refiere al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo; el toro enmaromado y toritos del Alba de Benavente; las fiestas de San Juan de la ciudad de Soria; los encierros de Fuenteguinaldo, los de San Bartolomé de Sangarcía, de Cuéllar y de Riaza; la suelta de la vaca enmaromada de Villafrechós; el toro de la Vega de Tordesillas; la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija; los festejos taurinos de las Fiestas de San Miguel Arcángel en Agreda, y el Toro de Júbilo de Medinaceli.

En su segundo punto, la proposición no de ley insta al Gobierno de España a reconocer «la plena vigencia de la ley que regula la Tauromaquia como patrimonio cultural, y de todos sus mandatos, frente a aquellos ataques ideológicos que pueda sufrir». También apuesta por exhortar a los poderes públicos a protegerla y fomentarla y, por último, a mantener el Premio Nacional de Tauromaquia y «rechazar comportamientos, manifestaciones y acciones conducentes a degradar y menospreciar la Tauromaquia, como las recientes declaraciones del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun Doménech».

En este punto, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, denunció la actitud del Gobierno de España «con un ataque más a la cultura» y lamentó el «silencio cómplice» del PSOE de Castilla y León por «no haber levantado la voz ni haberse rebelado contra la barbaridad de los ataques a los valores y tradiciones de nuestros pueblos».

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, en su comparecencia tras la Junta de Portavoces de ayer en la que se ordenó el pleno, mostró su «sorpresa» por la iniciativa del PP sobre la tauromaquia. «¿Qué más tiene que hacer el señor Gonzalo Santonja?», dijo en alusión al consejero de Cultura al que, apuntó, «solo le falta venir al pleno con el castoreño».

Una sesión, la de la próxima semana, en la que se debatirá también una PNL presentada por el Grupo Socialista para cubrir las plazas sanitarias de difícil cobertura mediante incentivos económicos a los profesionales. Además, Vox llevará otra iniciativa para instar al Gobierno de la Nación a promover las modificaciones legales pertinentes para implantar una Ebau única en todo el territorio español «que garantice la igualdad de los alumnos con independencia del territorio en el que se realice». El portavoz del grupo, Carlos Menéndez, explicó, en este sentido, que el sistema actual «permite situaciones injustas» y denunció que «esta desigualdad es síntoma de un grave deterioro institucional, máxime si se refiere a un derecho tan esencial como es la educación».

También llegará al pleno del miércoles la proposición de ley de sanidad animal, firmada por PP y Vox –para su toma en consideración– cuyo objetivo pasa por garantizar la aplicación de la legislación en materia de sanidad y bienestar animal y contemplar la exigencia europea que obliga a que los controles oficiales deben ser efectuados por personal que sea independiente.

Por último Francisco Igea (Mixto) propondrá la modificación de la Ley de Altos Cargos y de la Comisión de Ética Pública de la Comunidad para garantizar «la independencia de los controladores».