La ley para blindar los servicios públicos supera su primer trámite con la abstención del PSOE y los votos en contra de Podemos y Cs

Miguel Ángel García Nieto (PP) fue el encargado de defender la iniciativa para blindar los servicios básicos, «algo tan sencillo como necesario, que da cumplimiento a la palabra dada por Mañueco, que ni miente ni cambia de opinión como Sánchez, sino que cumple». Recordó que aborda el nivel de excelencia de los tres servicios esenciales, «los de mayor incidencia en la gente», para que «se mantengan y no queden expuestos, gobierne quien gobierne».

García Nieto enumeró algunos de los artículos que «garantizan» la prestación de «todos los paisanos, en cualquier lugar, para ponérselo más fácil, y más difícil a los políticos y técnicos que quisieran tomar una decisión y obligarles a abordarlo en las Cortes». También «defiende» la prestación de servicios sanitarios en el medio rural, «que nunca se han cerrado». «Están abiertos y así van a seguir», sentenció. También habló de la educación y los centros abiertos con tres alumnos, un «instrumento extraordinario para combatir la despoblación».

«Es una propuesta sencilla y eficaz, de poca floritura y mucha concreción», destacó, para recordar que en el último Presupuesto, el de 2023, ocho de cada diez euros se dedicaron a sanidad, educación y familia. También presumió de la valoración de los organismos nacionales e internacionales independientes.

Entre quienes votaron en contra, Francisco Igea (Cs), quien sugirió que esta ley se originó en los mensajes intercambiados con el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, durante la negociación de los presupuestos de 2022 con Por Ávila, «y que Mañueco utilizó para convocar elecciones en febrero de 2022». «Como era mentira, cambiaron las ocurrencias y ahora traen este paradigma y epítome del conservadurismo. Deténgase la tierra y luego sea conservador», exclamó Igea, quien insistió que en que la ley «no aporta nada, absolutamente nada a los ciudadanos, ni una garantía más, carece de poder coercitivo alguno». ¿A dónde van a ir a reclamar los ciudadanos si un buen día no hay consultorio en su pueblo? ¿Qué sanción tendrá el político? Ninguno. No aporta nada, es una mera declaración de malas intenciones», sostuvo.

Además, se mostró sorprendido por la abstención del PSOE ante esta «estrambótica propuesta» y cargó contra la política de la Consejería de Sanidad, que «privatiza» el 20 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, y recordó que el 25 por ciento de la población tiene seguro privado. Por ello, acusó a la Junta de «fosilizar» tres sistemas: «los que pagan en efectivo, los que circuitean y cuando están diagnosticados van al sistema público, y la beneficencia», informa Ical.

En la misma línea se posicionó Pablo Fernández, que definió la ley de «filfa» y achacó al PP su presentación con el «pretexto» de blindar los servicios sociales, «pero de sus teorías políticas será, porque les daría la razón». «Es una tomadura de pelo y engaño. Lo que llevan años haciendo y pretenden cronificar con esta iniciativa es el deterioro de los servicios, que están cada vez peor», cuando «los privados cada vez están mejor y engordan más sus arcas».

En materia educativa, contrapuso los colegios públicos, que «se caen a cachos y con goteras», frente a los «impecables privados». Y aportó el dato de que el 21 por ciento de los públicos «se benefician de la gratuidad de 0-3 años, frente al 41 de los privados, mientras el resto lo gestionan empresas privadas». «Esa es la diferencia entre su modelo ideológico y el nuestro. Y quieren perpetuarlo. Detraen dinero público hacia lo privado», justificó Fernández, quien concluyó también que el 70 por ciento de las plazas de residencias son «privadas concertadas».

Respaldó la propuesta UPL-Soria Ya, quien a través de Ángel Ceña acusó al PP de presentar esta ley por «no ponerse manos a la obra», una norma que «tiene solo el objetivo de la propaganda y sacar varias notas de prensa para mayor loa de Mañueco». Aludió a las leyes de Sanidad, de Servicios Sociales y de Educación, que «ya recogían previamente los principios de igualdad». «No se entiende que haya que blindar algo que ya está blindado en otras leyes, a no ser que el objetivo sea propagandístico», reprochó.

También negó que «ahora se reciba la prestación en igualdad de condiciones», algo que «no se soluciona con esta ley, sino si la Consejería de Sanidad trabajara en una igualdad de acceso, como ya regulaba la Ley de Sanidad, que se incumple constantemente». En este punto, mencionó, por ejemplo, la «demora» de obras en infraestructuras sanitarias, como en el Hospital Santa Bárbara de Soria, o «promesas para la unidad de radioterapia en la provincia, donde los sorianos llevan 16 años viajando a Burgos por una carretera pésima».

Por ello, apuntó que «no vale con poner negro sobre blanco, sino voluntad», y «han demostrado no tenerla en estas cuatro décadas». «Mucho manifestarse en las calles por la igualdad de los españoles, pero de esa equidad, en Castilla y León, nada de nada», cerró Ceña, quien votó en contra pero anunció futuras enmiendas.

También votó a favor, como partido que sustenta el Gobierno, el Grupo Vox. El procurador Ignacio Sicilia pidió una ley nacional de educación «duradera» y recordó que Castilla y León «mantiene un alto grado de cumplimiento» en esta materia, pero admitió que «siempre ha cosas que mejorar». En servicios sociales, abogó por «mantener y mejorar el Estado de Bienestar».

Con respecto a la salud, habló de la «complejidad» de la Comunidad en la atención sanitaria, principalmente, dijo, porque «sufre una deficiencia presupuestaria que emana de una financiación injusta». «Es esencial mantener el esfuerzo en Atención Primara», reclamó, para reivindicar al Gobierno central un «esfuerzo en investigación y buen criterio». También requirió que España «deje de ser el hospital del mundo, suprimiendo el acceso a quien no le corresponde».

Por último, Diego Moreno (PSOE), a pesar de la abstención de su grupo, calificó la ley de «pura propaganda, un brindis al sol con algo de ruido y pocas nueces». Además, criticó que su aprobación «no supondrá ningún avance social» y preguntó si servirá para que los alumnos de Villaquilambre (León) tengan un instituto en una población de más de 20.000 habitantes, o si «servirá para arreglar los colegios que sea caen», para evitar que los sorianos «vayan a Burgos a radioterapia», o que los salmantinos «no esperen cinco meses para una intervención quirúrgica».

En este sentido, tras anunciar que presentarán las correspondientes enmiendas, insistió en que se trata de un «acto de pura propaganda y fuego de artificio» y que «servirá para consolidar recortes sanitarios». «Les doy una primicia, señores del PP, los servicios públicos ya están blindados por la Constitución», ironizó Moreno, quien trasladó a la bancada 'popular' que «no hay mejor garante para este blindaje que la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno».