La justicia de León y Valladolid muestran su «enérgico rechazo» a la «fiscalización de los jueces» que recoge el acuerdo PSOE-Junts

Jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios se concentran en las audiencias provinciales para denunciar el «peligro que supone para la independencia judicial»

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Concentración en la Audiencia Provincial de Valladolid ICAL

Montse Serrador

Valladolid

Profesionales de la justicia -jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios- de León y Valladolid se han concentrado este viernes a las puertas de sus respectivas audiencias provinciales para mostrar su rechazo al pacto entre PSOE y Junts por «el peligro que supone ... para la separación de poderes y la independencia judicial«, ha señalado en la capital vallisoletana el presidente de este órgano judicial, Javier Carranza.

Ante un centenar de personas que han participado en la movilización, Carranza ha lamentado expresamente la «gravísima referencia al 'lawfare' » que aparece en el citado acuerdo, es decir, «a una supuesta judicialización espuria de la política y a la fiscalización por parte de comisiones parlamentarias de la actuación de los jueces».

Ante ello, ha apuntado, «queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a toda injerencia y fiscalización por parte del poder ejecutivo o legislativo en la actuación de los jueces que son independientes y actúan sometidos únicamente al imperio de la ley como garantía última de los derechos de los ciudadanos libres e iguales ante la ley«.

En León se han concentrado medio centenar de personas para advertir de que «la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado es incompatible con la independencia judicial». y para poner de relieve la necesidad de «preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones», informa Ical.

Concentración de León ICAL

A través de un comunicado leído por la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser, han recordado que «el Estado de Derecho en el que se fundan la Unión Europea y el orden constitucional español exigen el absoluto respeto a la división de poderes», informa Ical

«El ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley», ha concluido Del Ser.

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