La Junta denuncia que el Gobierno recorta seis millones en dependencia

Según Isabel Blanco, con la financiación singular que el Gobierno ha acordado con los separatistas «se beneficia a una autonomía en detrimento de otras», una situación que teme que pueda empeorar más aún de lo que ya lo ha hecho. «Mientras otras comunidades negocian una financiación singular, a Castilla y León la reducen los fondos para las personas más vulnerables», se quejó la vicepresidenta ante el recorte este año de seis millones de euros de la cantidad proveniente del Estado para este fin, que en 2025 es de 79,7 millones de euros.

Isabel Blanco consideró que «el gobierno penaliza a las comunidades que mejor gestionan», como es el caso de la castellano y leonesa, que se sitúa a la cabeza en prestación de servicios sociales, no tiene lista de espera para reconocer una dependencia y el tiempo que se tarda en hacer efectiva la ayuda no supera los 119 días, muy por debajo de la media nacional. Además, aprovechó para reclamar que el Estado aporte a la Comunidad el 50 por ciento del gasto en dependencia, como recoge la Ley, un mandato nunca se ha llegado a ejecutar.

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De hecho, el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó su reforma, a la que Castilla y león ha presentado ya alegaciones precisamente en ese sentido de que el Estado aporte su 50 por ciento. La consejera de Familia se refirió también a otro de los asuntos que marca la actualidad de su departamento, como es el reparto de menores migrantes no acompañados, para recriminar al Ministerio que realice una distribución «sin tener en cuenta las características y el dimensionamiento» de cada territorio y, sobre todo, «por imposición y sin acuerdo».

A su juicio, el equipo de Sira Rego «hace una distribución arbitraria según lo pactado con sus socios separatistas», como lo demuestra que a Cataluña vayan 31, al País Vasco ninguno y a Castilla y León 197. También el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que el Gobierno tenía decidido ya aprobar en el Consejo de Ministros del 22 de julio el reparto de menores migrantes no acompañados entre las autonomías, con independencia del resultado de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a la que no acudieron las comunidades del PP, informa Ical. Además, a su juicio, es algo que confirmó la propia ministra al anunciar que los traslados empezarán el próximo 28 de agosto.