José Luis Sanz Merino: «Puente tiene muchas vigas que ver en el ojo propio en vez de mirar la paja en el ajeno»

—El presidente de la Junta anunció en marzo la gratuidad para los empadronados en la Comunidad en las líneas de autobús dependientes de la Junta. El jueves el Consejo de Gobierno aprobó la medida y el lunes comienza su desarrollo. Parece poco tiempo para un proyecto de tanta complejidad.

—Veníamos trabajando desde atrás en todas las acciones que tienen que ver con la tecnología ITS (Sistema Inteligente de Transporte). Ya está el centro de control en León, con 16 personas, que es el cerebro de todo este operativo. Y luego, con las propias empresas y usuarios teníamos también proyectado un sistema de actualización tecnológica. Contamos con las canceladoras, con un proyecto piloto en Salamanca, y ahora empezarán a instalarse en una primera fase en unos mil autobuses y habrá una segunda fase de otros mil a lo largo del verano. Y luego está la interoperabilidad con el Instituto Nacional de Estadística con el padrón de habitantes para la emisión de la tarjeta y para comprobar que se tiene derecho a ella.

–La medida se ha encontrado con detractores del gratis total.

—La transversalidad de esta medida queda plenamente justificada en el hecho de que la movilidad alcanza a todas las capas de la población. Tenemos que profundizar en este derecho y, de hecho, todas las administraciones lo están haciendo. El gratis total, efectivamente, tiene detractores, pero en el caso de Castilla y León tiene la variable de que es un territorio muy grande, con gran dispersión geográfica y demográfica y, por lo tanto, una dificultad añadida a la hora de poder ejercer este derecho. Tenemos que proteger a los ciudadanos para que haya un mínimo de equidad territorial en el acceso a los servicios públicos y a la calidad de vida.

—Pero no es lo mismo financiar el autobús entre Brañosera y Palencia, por ejemplo, que de Arroyo de la Encomienda (20.000 habitantes) a Valladolid.

—Configurar un derecho a la movilidad requiere decisiones de este tipo, que sean transversales y que tengan vocación universal dentro de la Comunidad.

—Su departamento también ha sido criticado por rechazar la bonificación tarifaria del Ministerio.

—Su aportación supone un 9,5% del importe total. En el último año, la Junta ha aportado 40 millones para la bonificación del déficit. De esa cantidad, el 9,5 por ciento ha venido del Ministerio. Lo hemos rechazado porque no se alinea en absoluto con el sistema que nosotros teníamos muy avanzado con la gratuidad del transporte. Con el Ministerio no hay discriminación positiva para los empadronados y para nosotros es una cuestión crucial, a fin de propiciar, precisamente, luchar contra la despoblación. Además, tiene dificultades técnicas muy importantes. En cualquier caso, el coste lo vamos a asumir en el proceso de implantación hasta que lleguemos al 100%, lo que significa que el usuario no va a notar absolutamente nada.

—¿No se podía haber recibido la subvención y aplicarla al modelo de la Junta?

—Hemos tomado la decisión de discriminar positivamente a los empadronados y la bonificación del Ministerio no tiene este matiz, eso en primer lugar. En segundo lugar, ellos operan en cuatro segmentos de población: menos de 15 años, de 15 a 23, hasta 65 y el resto. Nosotros no hacemos esa distinción y eso nos creaba un grado de complicación extremo. Quiero decir, que no es una cantidad que te doy y ya, sino que te doy con unas condiciones.

—¿De cuánto dinero estamos hablando?

—Si fueron 3,8 millones euros en el año 2024, 1,9 sería lo que corresponde al segundo semestre que no hemos solicitado. Pero lo de los primeros seis meses no lo tenemos todavía. Hay que justificarlo para que hagan el ingreso.

—El secretario general del PSCL, Carlos Martínez, dijo que antes de la gratuidad del autobús había que aprobar los mapas concesionales.

—No estoy de acuerdo y no es incompatible. Podemos seguir trabajando en el mapa concesional, pero ya que me ha citado a ese dirigente regional, sustituto de Luis Tudanca, lo que hay que decir es que no hemos podido avanzar en el mapa regional de transportes por otra decisión del Ministerio, que es la pretendida supresión de 474 paradas en Castilla y León, desquiciando toda la planificación que teníamos para sacar adelante las líneas metropolitanas y después las de carácter interurbano. Hemos tenido que pararlos porque tienen que estar coordinados sí o sí con el mapa estatal. Si no, estamos dejando a gran parte de la ciudadanía de Castilla y León sin servicio. El planteamiento que ha tenido el Gobierno es de imposición, de no participar, de no querer convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, de no poder hablar de este tema con rigor y en un ámbito donde la complejidad en Castilla y León es muy importante. Evidentemente, siempre hay problemas pero una red como esta, con más de 2.600 rutas, está funcionando razonablemente bien.

—El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que Castilla y León tiene el peor transporte de España.

—El primer hito fue el transporte a la demanda, hace ya muchos años y hemos sido, en ese sentido, espejo para muchos tanto en el ámbito nacional como internacional. Hemos sido premiados como uno de los mejores y por lo tanto eso contradice al ministro. También los propios usuarios nos han ido otorgando su confianza y el crecimiento que ha habido ha sido exponencial hasta esos 14,5 millones de desplazamientos anuales, animados, sin duda, por la política de bonificación. Extraer conclusiones para desvalorizarlo, diciendo que es el peor y que lo haga alguien que tiene mucho que mirar en su casa no me parece demasiado razonable. Tiene muchas vigas que mirar en el ojo propio en vez de ver la paja en el ajeno.

—Pero sí hay muchas concesiones de autobús caducadas.

—Sin duda necesitan una actualización, pero en ella el socio principal es el Ministerio y en vez de navegar a favor del viento está poniendo palos en las ruedas, suprimiendo paradas en líneas de transporte estatales que contribuyen a la movilidad de ciudadanos de Castilla y León sin dar una solución alternativa.

—Parece que estamos en una especie de vía muerta. Si el Ministerio no mueve ficha con su mapa, la Junta tampoco con el suyo.

—Sí, pero eso no lo ha provocado la Junta de Castilla y León, lo ha provocado el Ministerio. Y además, por dos veces porque la primera versión del mapa de transporte estatal viene del año 2020. Lo que creo que tiene que hacer es un esfuerzo de participación y tomar conciencia de que es un problema político de primer orden porque conlleva el derecho a la movilidad con todo lo que supone de acceso a los servicios públicos, a un proyecto de vida y de realización personal pleno.

—¿Y hay algún plazo o previsión de que ambos se puedan sentar?

—De momento, las reuniones solamente son de directores generales de transportes. Este año ha habido dos y en las dos se ha planteado, como premisa de partida para poder hablar de esto, convocar la conferencia sectorial. Seguimos sin saber por qué este ministro no la convoca.

—¿Mantiene alguna esperanza de que pueda haber marcha atrás por parte de Renfe y del Ministerio con la supresión de las paradas del AVE en Sanabria (Zamora), Medina del Campo y Segovia?

—Sí, claro, porque es una decisión injusta que trunca proyectos de vida. Volvemos a la toma de decisiones de forma unilateral, sin consultar con nadie, sin pensar en las consecuencias y pretendidamente anudadas a decisiones de carácter empresarial. Por esa regla de tres sobrarían muchas universidades, también en Andalucía, Castilla-La Mancha...Que solamente se atienda a aquellos nodos que tienen una masa crítica de población que pueda justificar los trayectos y la movilidad en alta velocidad es contradictorio con una decisión previa de carácter estratégico a nivel nacional que en Castilla y León no tuvo que ver con la población. Quizá en Valladolid o León, en las grandes ciudades, pero ninguna más. No hay población suficiente para justificarla desde el punto de vista empresarial. Ese criterio lo que hace es condenarnos a estar cada vez peor, con menos población, con menos desarrollo económico y truncando el derecho a la movilidad y a la conectividad que todos tenemos.

—¿Qué le parece la oferta de Renfe de que Junta y Diputación de Zamora financien un tren Avant?

—Me parece ventajista. Primero toma la decisión unilateral, crea un problema y ante la protesta y la exigencia de otras administraciones dice, 'resolvedlo vosotros'. No estamos pidiendo que haga inversiones nuevas, simplemente volver a donde estábamos, al punto de partida. Lo que no puede pretender Renfe es que financiemos servicios de tren de Madrid a Segovia o a Valladolid o Salamanca porque lo que estaríamos es financiando indiscriminadamente la llegada de turistas. No queremos más, queremos lo que hay, que no es mucho tampoco. No podemos ceder ante esta situación porque ¿cuál va a ser lo siguiente? Si analizamos el resto de frecuencias ferroviarias, ¿con cuántas nos quedaríamos por criterios económicos?