Las Cortes afrontan dos meses intensos 'colgados' de las elecciones autonómicas de marzo

El arco parlamentario se lo reparten el PP, que ocupa 31 escaños; el PSOE, 28; Vox, once, UPL-Soria ¡Ya!, seis; tres el Grupo Mixto (Podemos, Por Ávila y Francisco Igea), y dos los no adscritos. 81 procuradores protagonistas de una actividad parlamentaria que no está siendo tranquila, azuzada ahora por la posible convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 15 de marzo. Las 'pinzas', que para unos son de PSOE y Vox y, para otros, de PSOE y PP; el 'relato', que busca armarse para la cita con las urnas; la convulsa política nacional y el foco que, una vez más, está en Castilla y León como laboratorio de ensayo ante unas generales –aunque la convocatoria de Extremadura, el 21 de diciembre, haya restado algo de presión–, están provocando la tormenta perfecta.

Cuando faltan menos de dos meses para que finalice el actual periodo de sesiones (el 23 de diciembre) y con él la legislatura –se podría habilitar el mes de enero hasta mediados–, la actividad del Parlamento se va a intensificar impulsada por el proyecto de ley de presupuestos de 2026 que ha llegado a la Cámara ajustado en los tiempos para que pueda aprobarse, si lo consigue, que no es tarea fácil, y entrar en vigor antes del 1 de enero, como manda el Estatuto.

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En la semana que concluye, la Mesa de las Cortes acordó modificar el calendario de plenos, precisamente, para ajustarlo a la tramitación de las Cuentas diséñalas por la Junta, que arrancó oficialmente el jueves. Unos cambios que suponen que hasta que acabe el año se celebrarán cuatro plenos: dos de ellos para los presupuestos –el 20 de noviembre y el 22 y 23 de diciembre– y otros dos ordinarios– 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre–. De ellos, el Gobierno autonómico quiere sacar la aprobación de sus Cuentas y del proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género. En el primero de los casos, todo se fía a que los consejeros presenten las cifras de su departamento en la Comisión de Economía de las Cortes, para que después comiencen las negociaciones del consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, con los grupos parlamentarios. Quiere llegar a «un gran acuerdo de Comunidad».

Sin embargo, el punto de partida ya está viciado después de que el propio Grupo Socialista, a través de su portavoz, Patricia Gómez, anunciase que presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos, como también lo harán desde el Grupo Mixto. Hay que recordar que fue, precisamente esta medida por parte de la oposición del Parlamento de Extremadura la que llevó a la presidenta del Gobierno autonómico, María Guardiola, a convocar elecciones de forma anticipada. Además, en Castilla y León la oposición está convencida de que las cuentas de 2026 no saldrán adelante y culpan a la Junta y al PP de haber confeccionado un «relato» para las elecciones del mes de marzo. Lo cierto es que esa cita ya hace varios plenos que impregna cada movimiento de las distintas formaciones políticas que no pueden evitar medir en votos cada una de sus decisiones.

En ese escenario cobra especial importancia otra ley actualmente en tramitación que la propia Junta quiere sacar adelante antes de que se disuelvan las Cortes: la de atención integral a las víctimas de violencia de género, aprobada por el Consejo de Gobierno en enero de este año. La propia consejera de Familia, Isabel Blanco, se mostró esta semana confiada en que sería posible su aprobación.

El pasado mes de marzo se presentaron enmiendas al articulado pero no a la totalidad, por lo que sólo estaría pendiente el dictamen final para ir a pleno, donde podría contar con el apoyo del Grupo Socialista que retiró su proposición de ley para conseguir que la iniciativa del Gobierno regional saliese adelante con el máximo consenso. Y en este escenario, la bancada de Vox aprovechará, sin duda, para reivindicar su 'relato', según el cual PP y PSOE van juntos, frente al discurso de los populares que ven en los de Abascal y los socialistas la otra 'pinza'.