El volumen de víctimas de violencia de género que no declara contra su maltratador toca suelo

De media, en los últimos quince años, se han acogido a la dispensa a no declarar en torno al trece por ciento de las mujeres que figuran como presuntas víctimas en casos de violencia de género que llegan a los juzgados de Castilla y León. En este caso, el porcentaje ha sido de 8,2, lo que implica que entre enero y marzo, aún hubo centenar de mujeres que no quisieron ser parte de la investigación abierta contra sus parejas o exparejas por malos tratos, de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Se trata de un porcentaje variable, que en ocasiones presenta importantes picos, que a la baja en ocasiones contadas ha bajado de diez y que al alza tocó techó justo un año antes. En el primer trimestre de 2018, el ratio de renuncias sobre el total de denuncias fue del 26,9 por ciento, el más elevado de la serie histórica, lo que hace que la diferencia interanual sea especialmente amplia con casi 19 puntos de diferencia.

Al margen de ese salto puntual, las cifras «nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio contra la Violencia Doméstica: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia», según expuso ayer la presidente de este órgano, Ángeles Carmona, quien destacó que a nivel nacional las estadísticas de este primer trimestre de 2019 reflejan una bajada «por primera vez en la historia del diez por ciento de renuncias».

El balance trimestral del Consejo General del Poder Judicial sobre los procedimientos por Violencia de Género cifra en un total de 1.331 las denuncias registradas en Castilla y León por malos tratos físicos o psíquicos, lo que supone un incremento del 6,6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 131 casos menos. A nivel nacional, aumentan también pero en menor medida, un 1,9 por ciento más que doce meses antes.

La tasa de afectadas por cada diez mil mujeres es de diez casos, la más reducida del país - la Comunidad suele figurar en los puestos bajos de este ranking junto a otras regiones caracterizadas por una población envejecida- y el 27 por ciento de ese más de ese millar mujeres cuenta con una orden de protección en la Comunidad, dos de cada tres casos en los que fueron solicitadas a lo largo del primer trimestre del año.