Sindicatos y CEOE ven «mala fe» en la propuesta de «cofinanciar» el Serla

Compromiso de «colaboración» por parte de la Junta, sí, pero también con aportación del resto de las partes, aún sin cifras, pero con un coste total estimado de unos seis millones de euros, ni porcentajes.

Una propuesta «responsable», defendió Amigo, que surge del análisis de la situación actual, en la que ya se cuenta con un «servicio público y gratuito» para la mediación en todas las provincias a través de la administración autonómica con el SMAC. «Por tanto, no es una prioridad para los ciudadanos», señaló la consejera. «Hablamos de si en plena crisis, con la que está cayendo, con las necesidades que hay, es el momento de extender unos servicios cubiertos», se cuestionó Amigo, quien reconoció que los agentes económicos y sociales acogieron su propuesta con «sorpresa». Aunque desde CEOE, UGT y CC.OO. la valoración fue más allá.

De «esperpento» y planteamiento «a mala fe» con el reto de romper el Diálogo Social calificaron lo expuesto de palabra por la consejera, a quien pidieron recibir por escrito su plan. Como un «ejercicio manifiesto de irresponsabilidad política» tacharon desde UGT un planteamiento que «no tiene limites ni nombre. Es irracional». Desde CC.OO. lo ven con «una propuesta de ruptura» y recordaron, en declaraciones a Ical, que se pactó con el anterior Ejecutivo -del PP- esa ampliación. «La parte de Ciudadanos en el Gobierno regional quiere romper con todo en el ámbito de las relaciones laborales», censuraron. Al «desconocimiento» achacaron desde CEOE lo propuesto ya que lo que actualmente se hace desde la Administración es «muy diferente» a lo planteado por el Serla, ya que «no hay mediación».

Para la consejera, que no es el único frente que tiene abierto con los empresarios y sindicatos en el ámbito del Diálogo Social , esta propuesta para extender el Servicio de Relaciones Laborales no debe suponer un «conflicto». Lo que hay, dijo, son «divergencias» de opiniones y un «compromiso» de la Junta con el Diálogo Social demostrado con 11 millones de euros anuales.La consejera incidió en que la propuesta, que nace también de la valoración de la «difícil situación económica» que requiere «concentrar recursos» en el empleo y las empresas, es «razonable, viable y adaptada a la situación». «Si quieren extender este servicio con tanta urgencia, necesitamos que estas entidades se comprometan y pasen a aportar financiación», recalcó Amigo, quien recordó que actualmente la Junta costea al «cien por cien» los gastos del Serla y dejó caer que «podría no seguir formando parte del mismo e irse».