Los ingenieros de montes ven «desconocimiento de los ecosistemas» en el fallo del TSJ contra la caza

La Sala de lo Contencioso-Administrativo adopta esta postura ponderando pros y contras y concluyendo que los daños para los intereses generales derivados de esta decisión «pueden ser controlados por la administración, mientras que el interés más frágil» es el de la conservación de la fauna silvestre, que podría sufrir perjuicios «irreparables». No lo comparte la Junta, cuyo responsable de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calificó de «grave» el panorama que resulta de este dictado, que -dijo- tendrá repercusiones económicas y sociales, pero también «medioambientales y de seguridad ciudadana».

«Nos deja en una situación de indefensión, aunque hay un voto particular muy bien fundamentado pero se ha impuesto la mayoría de la Sala y eso, obviamente, lo tenemos que acatar», precisó el consejero. En opinión de Suárez-Quiñones «es difícil» explicar ahora a los agricultores que no va a haber ese modo de control de la fauna salvaje que es la caza, informa Efe.

«Es una decisión gravísima, pero reaccionaremos con los recursos que establece la ley y el estado de Derecho, ya que la actividad de la caza para Castilla y León tiene un gran interés económico y social, además de controlar el exceso de jabalíes o conejos, por ejemplo», concluyó.

El TSJ vuelve a poner el acento en los informes que presenta la Junta para argumentar la regulación de las especies que se pueden cazar. Y es que la falta de «justificación» documental sobre niveles d población, distribución geográfica y tasa de reproducción es un criterio sobre el que se han sostenido ya varias sentencias, recuerda el Tribunal. En una primera «lectura» y «sin perjuicio de la valoración» final que llegue en el momento procesal oportuno, existen dudas respecto al decreto actual en cuestión, ya que entienden que los estudios que lo avalan no son «científicos y objetivos», ni tampoco «actuales». Además, señalan que algunos artículos anulados en la anterior normativa a la que sustituye mantiene «prácticamente la misma redacción».

También reaccionó ante el fallo judicial la Alianza UPA-COAG, que consideró que la decisión del TSJ «da alas a los que prefieren selva en vez de campo». La organización agraria aseguró que este «palo judicial» a la Consejería de Medio Ambiente «golpea las costillas» de los agricultores y ganaderos, que son los que en mayor medida sufren las consecuencias de una «proliferación inaguantable de todo tipo de animales silvestres», ya que destrozan los cultivos, matan al ganado, transmiten enfermedades, provocan muertes en accidentes de tráfico y, «si de la voluntad de algunos grupos animalistas dependiera, acabarán por ser los únicos seres vivos que pueblen el medio rural».

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Montes estima que el fallo es «desproporcionado» además de que adolece de «desconocimiento de los ecosistemas». A juicio de este colectivo, y tal y como trasladó a través de un comunicado, la caza, en los términos en los que se viene practicando en Castilla y León, ha demostrado ser «compatible» con la supervivencia de las especies cinegéticas.

El colectivo recordó que todos los terrenos cinegéticos se encuentran regulados por planes de caza elaborados «para cada coto» que establecen las especies y cantidades que se pueden cazar de forma sostenible para ese ecosistema concreto. Por ello, el riesgo para las especies cinegéticas de no suspender la orden de caza «es mínimo» como «se viene demostrando desde hace décadas».