Ganaderos y cazadores advierten: «Si no hay solución al lobo se notará en las urnas»

«El mundo rural es muy importante y, cuando se enfada y se cabrea, se nota» en forma de «castigo», advirtió el presidente de la Federación regional de Caza, Santiago Iturmendi, quien vinculó la movilización de este colectivo en Andalucía a los resultados de las urnas. Así que aviso a navegantes claro. «El campo no se puede olvidar. Además, hay muchos votos en el mundo rural», dejó claro Iturmendi, quien avanzó que quieren seguir en Castilla y León los pasos de sus colegas andaluces y poner en marcha la campaña que recuerda que «la caza también vota y el mundo rural también vota». Se reunirán con «todos» los partidos, los presentes ya en el Parlamento regional y otros que concurran a las elecciones, para conocer sus posiciones e «intentar» que «plasmen» sus demandas en sus programas electorales y, además, las cumplan.

Los cazadores no fueron los únicos que pusieron sobre la posible repercusión en los resultados electorales de no ver movimientos de cara a que se apruebe una ley de caza que «proteja» a los ganaderos de especies como el lobo y ayude a sí a fijar población en un medio rural que pierde habitantes año tras año. También desde las organizaciones agrarias lanzan la alerta, pues desde ambos sectores tienen claro que van «de la mano» en este asunto y no descartan llegar a la movilización y salir a la calle «si ningún tipo de pudor» si no ven intención de «solucionar los problemas».

Desde la organización agraria Asaja, su presidente autonómico, Donaciano Dujo, también advirtió a los políticos de que el próximo 26 de mayo hay elecciones y de que no pretendan visitar los pueblos y pedir el voto si ahora se olvidan de sus reivindicaciones. Y es que, alertó, cuando los políticos pisen el mundo rural, una de las «principales» reivindicaciones estará vinculada con la difícil convivencia con el lobo y los ciudadanos «tendrán que saber qué opinan».

La reclamación es compartida por ambos sectores, que coinciden en reclamar una regulación para especies tan «dañinas» como el lobo, con un impacto negativo tanto para los ganaderos como para el medio rural, advirtió Aurelio González, dirigente de la Alianza UPA-COAG.

«El lobo no es una especie en peligro de extinción, pero el agricultor y el ganadero, sí», clamó en declaraciones a Efe Jesús Muñoz, de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).

«Castilla y León no puede ser una reserva del lobo en Europa», señaló Dujo, quien recordó que más de 4.000 cabezas de ganado mueren cada año en la Comunidad por ataques de este cánido. Sólo en el primer trimestre de este año, pusieron de manifiesto en la reunión, se han contabilizado 1.486 ataques de lobo en la zona al sur del Duero -donde la especie no es cinegética-, lo que supone un 45 por ciento más que los 1.021 del mismo periodo del año anterior. Al norte del río, el incremento ha sido del 19 por ciento, al pasar de 361 a 430. Y Ávila es un punto crítico, con cinco ataques diarios a la cabaña ganadera.

La Comunidad es el territorio español con más ejemplares de lobo («canis lupus»), una especie que ha ido extendiendo su presencia por la Península y de la que se estima que hay, según el último estudio, 179 manadas, con unos 1.600 ejemplares. Castilla y León supera en número a los de toda España y a a «muchas zonas» de la Unión Europea, recalcó Dujo.

Ante esta situación, ganaderos y cazadores reclaman a los grupos políticos que muevan ficha y presenten alguna medida legislativa que ayude a hacer frente a un problema que, según subrayaron, se ha visto agravado desde que en abril el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) decidió -tras una denuncia de la asociación ecologista Ascel- suspender cautelarmente la orden anual de caza del lobo. Así, para esta temporada -que debía desarrollarse del 1 de septiembre al 28 de febrero- ni siquiera ha llegado a aprobarse el cupo de cánidos abatibles -estaban previstos 141- al norte del Duero, donde la especie sí es cinegética. Algo que desde las organizaciones agrarias y la Federación de Caza consideran que está provocando «daño medioambiental, así como a la actividad ganadera, cinegética, económica y social de Castilla y León», tal y como trasladaron a los grupos parlamentarios en la reunión, en la que también estuvo presente la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.