Del Olmo: «Vamos a defender el carbón ante quien sea, y gobierne quien gobierne»

Por parte del Gobierno de Castilla y León (PP), su consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha defendido tanto dentro del acto como antes en declaraciones a los periodistas, que es una firma que llegaba tarde, aunque supone un «punto de partida» para defender el carbón nacional ante el gobierno que salga de las urnas el próximo junio.

A pesar que no se ha sumado a la firma el PP como partido, Del Olmo ha proclamado en varias ocasiones que no se «sentía sola», ya que ha estado acompañada de los sindicatos CCOO y UGT en la Comunidad, de los empresarios mineros de esta autonomía, de alcaldes y mucha gente de Castilla y León, con algunos de ellos que han sido procuradores.

«Me siento muy acompañada en el acto» al que Del Olmo ha acudido, según sus palabras, a «hacer lo que siempre ha hecho el Gobierno de Castilla y León», que es «defender la minería, a los empresarios y trabajadores, a las familias que viven en las comarcas mineras».

Ha recordado que el problema viene de lejos, en el 2010, con el entonces comisario socialista Joaquín Almunia, con el apoyo del Gobierno socialista, cuando se decidió que el carbón tenía que «terminarse en el 2018», y se acababan «las ayudas y los que las habían disfrutado las tenían que devolver».

«Vamos a defender el carbón ante quien sea, y gobierne quien gobierne», ha sostenido Del Olmo, quien ha entregado a las otras autonomías el plan de reactivación que se ha consensuado en la Comunidad y que se debate mañana en las Cortes, para que les pueda servir de modelo a la hora de redactar los suyos.

También se lo hará llegar al Gobierno para que lo apoye y para que ayude a construir un plan nacional para que «los mineros se queden aquí, en nuestra tierra, en la tierra de todos», ha concluido.

El acto de la firma del acuerdo en Madrid ha sido dirigido por el presidente de Carbunión, Óscar Lapastora, y los responsables de UGT y CCOO, Pedro Hojas y Agustín Martín, respectivamente.

Ante el acuerdo que alcanzó España con la Comisión Europea para financiar el cierre de minas, Hojas ha afirmado que tiene tanto consecuencias directas como indirectas en el empleo de las comarcas mineras.