La madre de la menor y el cura de Valladolid que envió el vídeo sexual negociaron durante días para ocultar el caso

El intento por conseguir un acuerdo económico entre la familia de la menor y el sacerdote se prolongó durante días hasta el punto de que el cura investigado, que fue detenido el domingo y puesto a disposición judicial, ya contaba con un abogado civil ajeno al Arzobispado, que hasta entonces desconocía los hechos.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid se ha encargado de un caso que ha conmocionado a la opinión pública , y especialmente a la Cofradía de las Angustias, más aún al tratarse de un sacerdote que hace diez años, siendo párroco en Zaratán, fue denunciado por sus comentarios hacia una menor de 13 años en la red social tuenti. Mensajes escabrosos que se han vuelto a repetir con otra joven de catorce años, a los que se suma el vídeo de contenido sexual que envió a través de WhatsApp.

Al mismo tiempo que han comenzado las actuaciones en los tribunales ordinarios para determinar si se ha producido un delito contra la libertad e indemnidad sexual de la menor -la pena oscila entre los seis meses y los dos años de cárcel-, la Archidiócesis ha abierto su propio proceso con la publicación de dos decretos firmados por el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. En el primero, se decreta la aplicación de medidas cautelares a Ó. F. L. mediante su retirada de todos los cargos y oficios que realizaba hasta ahora así como de todas las facultades, obligaciones y funciones en el ejercicio público sacerdotal.

Mediante el segundo decreto, la Archidiócesis ordena la apertura de una investigación previa relativa a las actuaciones del presbítero, tanto en lo relativo al caso, como a hechos anteriores, como el ocurrido hace diez años con otra menor, así como todo lo relacionado con otros destinos que haya ocupado hasta recalar hace dos años y medio en la Cofradía de las Angustias. Para llevar a cabo esta tarea de investigación, se ha nombrado un notario y un investigador. En cualquier caso, el resultado de la labor de investigación realizada por la Diócesis, deberá esperar a que concluya el proceso penal, de forma que la actuación canónica se suspenderá hasta que los tribunales se pronuncien.

Una vez que las dos vías, la penal y la canónica, hayan finalizado sus trabajos, se remitirá el informe definitivo con las conclusiones a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. Será allí donde se decida después si el proceso se queda en Roma o se mantiene Valladolid. No obstante, la resolución final no variará y podría ir desde la suspensión del ministerio del sacerdocio por un tiempo determinado, hasta la expulsión definitiva. Las fuentes consultadas indican que al tratarse de un sacerdote reincidente, si bien en el primero de los casos la denuncia se archivó -aunque el comportamiento inapropiado del presbítero quedó probado- la pena puede ser la más elevada. Además, desde un punto de vista canónico, el envío del vídeo de carácter sexual es considerado como una situación previa a la constitución de un delito.

De momento, la Congregación para la Doctrina de la Fe no tiene conocimiento de los hechos, pero será el propio Ricardo Blázquez -también presidente de la Conferencia Episcopal Española- el que informará de lo ocurrido cuando a finales de este mes acusa a uno de sus habituales viajes a Roma.

Mientras tanto, el Arzobispado de Valladolid guarda silencio y evita cualquier tipo de manifestación a la espera de que las diligencias judiciales sigan su curso -será determinante el volcado de los móviles- y, sobre todo, apelando a la intimidad de la víctima y al derecho a la presunción de inocencia del sacerdote investigado, que tiene que comparecer una vez al mes en sede judicial y al que se ha prohibido comunicarse con la menor.