Imputan a la cúpula de la Hullera por la muerte de seis mineros

El auto, previo a la fijación del juicio oral, afecta, entre otros, al que fuera presidente de la compañía, ahora en proceso de liquidación, Antonio del Valle, al vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, al vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, a los directores general y facultativo, a ingenieros y a vigilantes de seguridad e incluso al delegado minero, elegido entre los propios trabajadores. Todos ellos ya tenían la condición de investigados desde que arrancó la instrucción del caso. En sus declaraciones se negaron a responder a las preguntas de las acusaciones y sólo respondieron a las de sus abogados, el fiscal y la juez.

El juzgado determina la existencia de esos delitos al argumentar que se trabajaba sin las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los mineros, como fatalmente ocurrió.

José Manuel Moure, padre de uno de los fallecidos, que dejó viuda y un bebé, señaló en declaracione a Ical que «bien no nos vamos a sentir nunca, pero es que era una empresa superpoderosa que parecía intocable y todo se iba tapando». Este vecino de Ciñera de Gordón, que desde que ocurrió el trágico suceso ha protagonizado numerosos actos de protesta y denuncia a título individual remarcó que la lucha seguirá. «Yo dije que mi hijo se merecía que peleara por él hasta la muerte. Moralmente vamos hasta el final. En este país funciona lo de divide y vencerás y cada víctima fue por libre y hemos estado peleando algunas personas y tres abogados», comentó antes de definir la imputación como «un paso importante porque hasta ahora estaba parado».

«Siempre hay algún minero para reclamar y en eso estamos», añadió antes de lamentar que ninguno de los sindicatos con representación en la Hullera Vasco Leonesa tomase en su día la iniciativa de denunciar a la empresa, más aún si cabe cuando todos los fallecidos eran afiliados a alguna de esas organizaciones.

Los imputados disponen de un plazo de ocho días para recurrir mientras los representantes legales de los familiares y víctimas remitirán en los próximos días su escrito de acusación en el que concretarán las penas que se solicitan ante la más que posible celebración del juicio.