Herrera: «No demos marcha atrás y arruinemos un modelo autonómico que funciona bien»

La Constitución de 1978 dio respuesta a los problemas que los españoles tenían planteados hace 40 años. ¿Da respuesta con la misma eficacia a la España actual?

No hay ningún país avanzado que no esté sufriendo, en estos últimos años, una cierta crisis democrática. Hay muchos factores: las cicatrices sociales de una larga crisis económica, la irrupción de formas de comunicación social más inmediatas y ágiles… En ese sentido España no es una excepción, ni está en una posición peor que la mayoría de países.

Sí es verdad que a veces, a los españoles, nos cuesta más que a otros aceptar y reconocer nuestros logros. Y la Constitución del 78 es, con seguridad, el mayor logro político que hemos alcanzado en nuestra Historia. Nos devolvió la libertad y la democracia. Nos abrió las puertas a Europa, permitiéndonos ocupar el lugar que nos correspondía en el concierto de las naciones. Y nos ha proporcionado 40 años de desarrollo político, económico y social.

Hay muchos motivos para estar agradecidos a nuestra Carta Magna. Y todos tendríamos que conocerla y valorarla más. No sólo los políticos, los estudiosos o los especialistas, sino el conjunto de la población. En Castilla y León estamos haciendo un gran esfuerzo, desde el propio sistema educativo, para que nuestros niños y jóvenes conozcan y respeten los valores de la Constitución: la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político. No creo que haya respuestas mejores para nuestra España actual.

El artículo 1 de la Constitución proclama la monarquía parlamentaria como forma del Estado. En un momento en que se pone en cuestión y se aboga directamente por una república, ¿qué aporta la monarquía a la España del siglo XXI?

La monarquía parlamentaria es la forma de Estado de algunas de las naciones más avanzadas del mundo. Y es también un elemento central de nuestra Carta Magna que, recordémoslo, fue votada por el 88 por ciento de los españoles.

Por mi parte, siempre he considerado a la Corona como un factor esencial de equilibrio, moderación e integración. Un símbolo especialmente representativo de la unidad constitucional de España. Y una gran fortaleza, tanto para la cohesión interna como para la proyección exterior de nuestra Nación.

Castilla y León ha tenido la fortuna de contar en numerosas ocasiones con la presencia de Sus Majestades los Reyes, que siempre la han acompañado en sus principales avances y siempre han recibido el cariño y el afecto de los castellanos y leoneses. Muchos de quienes hoy cuestionan la institución monárquica no sólo prescinden de estos sentimientos, sino que plantean sus ataques dentro de una hoja de ruta que pone en la picota a todos los poderes del Estado. Están empeñados en desprestigiar la Transición y en debilitar los pilares de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Pero el modelo político que plantean es infinitamente peor que el que se plasma en la Constitución y el que representa la Corona.

El artículo 2, consagra la unidad de España y el derecho a la Autonomía de las regiones y nacionalidades. Hay quien opina que en este equilibrio, se ha permitido a los Gobiernos llegar demasiado lejos. ¿La cuestión catalana puede evidenciar un cierto fracaso político del Estado Autonómico en cuanto a su capacidad de integrar la diversidad? ¿Puede generar en la población la sensación de que existen en España 17 micro-estados en los que no se garantiza la igualdad de todos los españoles?

El desafío independentista en Cataluña va más allá del mero cuestionamiento del modelo autonómico. Estamos ante poderes públicos constituidos (con origen en la Constitución) que han desbordado todos los límites de esta, considerándose exentos de estar sometidos al imperio de la Ley. Con ello han roto la convivencia entre ciudadanos libres e iguales. Han vulnerado la democracia, tratando de hurtar la soberanía que corresponde al pueblo en su conjunto. Han dañado la economía, provocando la huida de empresas y la desconfianza de inversores. Y han sometido a la Unión Europea y a las relaciones entre sus Estados miembro a tensiones indebidas.

Pero es que, además, han olvidado la auténtica razón de ser de las Autonomías, que no es fomentar la diferencia, la separación o el privilegio, sino su utilidad y servicio a las personas. Atender a los ciudadanos y mejorar su bienestar a través de unos servicios públicos de calidad. Ese es el auténtico fin de la Autonomía política, y quienes en España la han utilizado bien han demostrado que es una herramienta útil para ello, que se atienden los problemas específicos de cada lugar con una cercanía, conocimiento e interés que seguramente no habrían sido posibles en un modelo centralizado. No estamos, por tanto, ante un modelo fallido, sino ante un modelo que ha sido despreciado y mal utilizado por algunos. No obstante, todo modelo es perfeccionable. Cuanta mayor experiencia acumulamos, más sabemos cuáles son sus fortalezas y cuáles sus puntos débiles. Son precisos, sin duda, mejores mecanismos de cooperación y más sólidos instrumentos de cohesión. Pero también, y acaso sobre todo, una mayor lealtad institucional y constitucional.

¿Qué piensa el presidente de la Junta de Castilla y León cuando escucha planteamientos sobre la recentralización de competencias en educación o sanidad?

La comunidad de Castilla y León está considerada, en estudios muy serios, como la que mejor gestiona en España la Educación y la Atención a la Dependencia, y la más avanzada asimismo, entre las comunidades de régimen común, en sanidad y en servicios sociales. No sería muy lógico que desde Castilla y León abogásemos por una devolución de competencias. De no haberse producido en España una amplia descentralización territorial del poder político, ¿contaríamos en Castilla y León hoy, por ejemplo, con una red de 3.500 centros sanitarios o de 1.400 centros educativos, la mayoría de ellos en el medio rural? ¿Habría podido darse respuesta a nuestras peculiaridades desde la uniformidad de una planificación centralizada?

Algunos proponen acabar con las autonomías como quien dice, 'muerto el perro, se acabó la rabia'. Pero es que el perro tiene muchas cosas buenas. Acabemos, mejor, con la rabia. Pongamos coto a los excesos. Resolvamos las disfunciones. Reforcemos los mecanismos de colaboración y los instrumentos de cohesión. Abordemos con herramientas adecuadas problemas que sólo pueden resolverse a escala nacional. Pero no demos marcha atrás a la Historia y arruinemos un modelo que funciona bien en el día a día, y que lo ha demostrado.

En los últimos años se viene hablando de ‘desgaste de materiales’ de la Carta Magna y de los beneficios de una posible reforma que incluya, incluso, la cuestión territorial. ¿Lo cree necesario? Si es así, ¿cuáles son las principales cuestiones?

Yo no sé si ese desgaste de materiales está en el texto de la Constitución o está en otra parte. A mí me parece que el mayor déficit constitucional que hoy tiene España no deriva de ninguno de los artículos de la Carta Magna, sino más bien de un debilitamiento del espíritu constitucional, del constitucionalismo, que es otra cosa. Hay Estados constitucionales en el mundo que no tienen una Constitución escrita (caso del Reino Unido). Pues bien, en España, corremos el riesgo de que suceda lo contrario: tener una Constitución escrita, pero sin constitucionalismo, sin espíritu constitucional. ¿Y en qué consiste eso? En el diálogo, en la tolerancia, en la búsqueda de consensos, en la convivencia pacífica. En que quienes piensan distinto puedan, a pesar de ello, sentarse a tratar de resolver los problemas y llegar a acuerdos. Ese es uno de los aspectos que en Castilla y León hemos tratado de cuidar, y que vemos con preocupación que, en el conjunto de España, no atraviesa sus mejores momentos. Estoy convencido de que reparar todo eso, recuperar ese espíritu, es mucho más urgente hoy que reformar el texto constitucional. Ahora bien: si conseguimos recuperar esos consensos, no hay que tener ningún miedo a impulsar reformas por los cauces establecidos.