El Gobierno quiere que las «peculiaridades» de cada región cuenten en la financiación

Cuadrar todas esas demandas será un «sudoku», y de los complicados, asumió el secretario de Estado, quien advirtió de que debe además tenerse en cuenta que ese reparto se hará en base a los «recursos que tenemos, escasos o muy escasos» . Pero en base a esa restrictiva disponibilidad presupuestaria, conseguir una distribución «justa», pues, como reconoció Bermúdez de Castro, no hay una comunidad que esté conforme con lo que recibe en base al modelo vigente, en marcha desde época del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en 2009.

Eso sí, aún no hay plazo concreto ni estimado de cuándo podrá estar listo ese modelo, para cuyo diseño el Gobierno quiere que cada comunidad designe un «especialista» en la materia. Para, así, en un «plazo corto» contar con los informes que «definan el campo de juego» en el que se moverán, pero siendo conscientes de que el balón estará determinado por los recursos disponibles.

Dispersión, envejecimiento o baja densidad de población son algunos de los criterios que la Junta demandará que se ponderen «no por capricho identitario», sino que vienen recogidos en el Estatuto de Autonomía y encarecen la prestación de los servicios, recalcó el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Y no sólo esos criterios, Castilla y León, al igual que «todas» las comunidades, reclama que también se incluya en el modelo de financiación el coste de la Ley de la Dependencia. «Creo que la vicepresidenta lo ha visto bien», valoró de Santiago-Juárez, quien emplazó el posible acuerdo al entendimiento entre Gobierno y comunidades.

Y si la cuestión de los números centró buena parte del encuentro, con cifras empezó y acabó la cita en el Colegio de la Asunción. La «primera» y la «última» pregunta de Herrera a la responsable gubernamental del trato con las autonomías fue la relativa a las entregas a cuenta para 2017. Esto es, los dineros que el Ejecutivo, vía modelo de financiación y otros capítulos, transfiere a las Comunidades. Las del próximo ejercicio aún no están definidas, más allá de un avance en octubre que a la Junta no convence, gusta y ni parece suficiente, y cuya falta de concreción imposibilita la elaboración de los presupuestos regionales para el próximo ejercicio, que a estas alturas del año ya deberían estar aprobados. El presidente incidió en «conocer con certeza» esas entregas a cuenta que «estamos desando» tener, explicó De Santiago-Juárez.

La reunión una doble vertiente: por un lado, temas en común con otras comunidades y que se abordarán en la Conferencia de presidentes, por otro, asuntos de negociación bilateral entre ambos gobiernos que se tratarán en un próximo encuentro bilateral y sobre los que ayer se apuntaron las bases. Entre esos primeros, también un asunto que «afecta a todas» las comunidades y «más» a siete, entre las que se encuentra Castilla y León: los «desafíos demográficos». La Junta, con Aragón y Baleares, trabaja en el borrador encargado expresamente por la vicepresidenta sobre la materia de modo que se pueda llevar a la Conferencia de Presidentes y allí, «entre todos», ser «capaces» de elaborar un plan que ayude a paliar la pérdida de población que el conjunto de España ha sufrido en los últimos tiempos.

La «necesaria» participación de las comunidades en el Pacto por la Educación que se quiere sacar adelante fue otra de las reclamaciones que puso sobre la mesa Herrera. «Parece de sentido común» que quienes gestionan las competencias sobre esta materia, es decir, las autonomías, también tengan voz, incidió De Santiago-Juárez, quien escuchó el compromiso del Gobierno de «aprender de cómo se hacen las cosas en educación», en alusión a las buenas notas de Castilla y León en el informe PISA.