El Gobierno lleva al Constitucional a la Junta de Castilla y León por el impuesto a Garoña

En concreto, la comunidad autónoma se basa en el artículo único de la Ley 6/2018, -en la que se establece un impuesto sobre la afección medioambiental- en el que Castilla y León incluyó una nueva imposición sobre el almacenamiento temporal de residuos radioactivos.

Pero el Ejecutivo ya estableció en la Ley 15/2012 medidas fiscales para la sostenibilidad energética, un impuesto sobre la producción de combustible nuclear. Por lo que, el Gobierno ha considerado que Castilla y León incurre en un supuesto de doble imposición, autonómico y estatal, sobre la producción de combustible nuclear gastado y sobre residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctirca.

Además, el Consejo de Ministros lo ha acordado apoyándose en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la que se indica que no deberían gravarse todas o algunas de las acciones derivadas de la producción de combustible nuclear gastado dentro de una central nuclear y dirigidas a la correcta gestión de dicho residuo, ya que la fundamentación del gravamen ya forma parte de los impuestos estatales.

El Gobierno ha tomado esta decisión después de no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones que ha mantenido con la Junta de Castilla y León.

El Ejecutivo autonómico «defenderá los intereses de Castilla y León y no el de las nucleares» . Así lo señalaron a Ical fuentes del departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo, la Consejería de Economía y Hacienda, que aclararon que harán un valoración más detallada del recurso cuando conozcan en profundidad el documento de inconstitucionalidad, por el gravamen propio de la Comunidad a la nucelar.