Entra en vigor el impuesto sobre los residuos de Garoña, cuya recaudación se destinará a la zona

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba en su edición de ayer la nueva ley aprobada por el Pleno de las Cortes el pasado 31 de octubre. El impueso relativo a este ejercicio se devengará por un importe proporcional al número de días que transcurran entre mañana y el fin del año.

De esta forma, Castilla y León crea una nueva imposición sobre el almacenamiento temporal de los residuos en las propias centrales nucleares, en este caso a Garoña, ya cerrada, con el objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar por el combustible gastado y los residuos radiactivos centralizados.

Se trata de una ley sencilla con un artículo y la incorporación de otro en el que se establece que los ingresos procedentes del gravamen sobre las centrales nucleares se afectarán a la financiación de los programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de estas plantas situadas en la Comunidad de Castilla y León, conforme se determine en las leyes anuales de presupuestos.

De esa manera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de cada ejercicio contendrán un anexo de inversiones específico donde se detallarán las actuaciones. Además, en el tercer trimestre de cada año la Junta remitirá a las Cortes de Castilla y León un informe de seguimiento de las inversiones programadas.

Según el acuerdo vía enmienda, serán responsables subsidiarios los accionistas de la persona jurídica propietaria de las instalaciones que generen el hecho imponible cuando posean un porcentaje de participación en el capital social superior al cinco por ciento. Así, la cuota tributaria en el gravamen sobre las centrales nucleares se cifra en 6.000 euros por cada elemento de combustible gastado y depositado.

Por otra parte, la Junta modifica el modelo de autoliquidación y las normas de gestión del impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Para, ello, el Bocyl publica este martes una nueva orden.