Garoña: siete años de solitaria cruzada de Castilla y León

Sola arrancó Castilla y León el primer capítulo de esta crónica de una muerte anunciada. En 2009 José Luis Rodríguez Zapatero ponía fecha de caducidad a Garoña, autorizando por 4 años su actividad frente a los 10 que amparaba el Consejo de Seguridad Nacional. No bastó con alzar la voz. Ni la Junta, ni la Diputación de Burgos ni las críticas de varios Ayuntamientos del entorno consiguieron frenar ese cierre anticipado. No se oyeron sus reclamos, enmudecidos por los de colectivos ecologistas que, coherentes con su planteamiento medioambiental, pedían cerrar la planta, los partidos políticos que compartían esta visión, el PSOE que puso el límite de la «seguridad» nuclear en los 40 años de vida de una central y los vecinos del País Vasco, región que siempre se ha opuesto al unísono a una planta que se eleva a pocos kilometros de la frontera entre las dos comunidades.

Ante una situación que se volvía irreversible, no había nada que hacer mas que buscar un apoyo fuerte. El aliado necesario era el PP a nivel nacional y los populares castellano y leoneses pelearon por que el programa electoral de 2012 contemplara evitar el cierre de Garoña. Así fue, pese al criterio de otros miembros del partido, dividido al respecto. En concreto, los del País Vasco, que eran y son contrarios a la central.

Con Rajoy en la Moncloa, Castilla y León dejó de estar en desventaja. El Ministerio de Industria cambio las reglas y posibilitó la continuidad de Garoña, pero un enemigo inesperado saltó al terreno de juego: la empresa . El tira y afloja fiscal entre Gobierno y eléctricas llevó a que las propietarias de Garoña -Endesa e Iberdrola- pusieran palos en la rueda, mientras el territorio anfitrión de la central -con mil empleos directos e indirectos- clamaba por que se dejara a ésta fuera del debate. Finalmente, las dos socias pararon sin preaviso el reactor para evitar pagar impuestos.

Pasado este desencuentro se abrió una nueva puerta para que Garoña pudiera pedir la prórroga, dando al botón de «reset» en el proceso. Pero si anteriormente se había resuelto la tramitación en cuestión de meses en este caso se prolongó cuatro años. Desde la Junta responsabilizan al exministro de Industria José Manuel Soria. Le reprochan una «una pésima gestión». «Dejó pasar el tiempo cuando la situación parlamentaria no era la actual», aseguró el vicepresidente del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez.

Entiende, así, que el desenlace habría sido diferente si se hubiera abordado el asunto antes de la irrupción de nuevos partidos, que en bloque se han posicionado contra la prórroga de la central, dejando en minoría a un PP nacional que, posteriormente, ha dejado en minoría al PP de Castilla y León, según lamentan en esta comunidad.

Desde el Ministerio de Energía han reconocido que el cierre no era lo deseado , pero estaban solos en el Congreso contra el resto de fuerzas. Sin embargo, sus compañeros regionales de filas les reprochan que también han tenido en contra a todas las formaciones y no han cesado en su empeño. «No se puede tirar la toalla sin agotar todas las vías», señaló el líder de los populares burgaleses, César Rico, quien apostilló que «el PP nacional no ha sido capaz de comprender» la situación.

Por su parte, el presidente castellano y leonés denunció en su carta a Rajoy que Garoña ha sido «condenada» a una «clamorosa soledad» social y política, a la que también habrían contribuido desde su propio partido. No había unidad en el seno del PP, lo que hizo evidente que tras conocer la noticia, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP y diputado alavés, Javier Maroto, señalara que «quienes hemos luchado juntos desde diferentes ámbitos por el cierre de la central debemos celebrar haberlo conseguido definitivamente». Al respecto De Santiago-Juárez ya sentenció que a los que «lo celebran desde la tumbona, les invito a que vean el sufrimiento de los trabajadores».