La presión política obliga al Gobierno a cerrar la central nuclear de Garoña

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, fue consciente de esta situación desde el mismo momento de acceder al cargo. Nada más tomar posesión, en noviembre de 2016, recibió en su despacho una carta de todos los portavoces pidiendo que no se autorizara la explotación de la central. Además, incluso llegaron a reclamar al ministro que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) paralizara los trabajos de elaboración del informe sobre si era viable la reactivación de Garoña , o no.

Este clima de rechazo se sustanció en varias iniciativas parlamentarias que, de prosperar alguna, obligarían al Gobierno a cerrar por ley la planta , si autoriza su apertura. El Ejecutivo pudo esquivar la proposición no de ley de Podemos, al vetarla en la Mesa del Congreso, ya que supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos», según el Ministerio de la Presidencia.

No pudo hacer lo mismo con la Proposición de Ley del PSOE, que fue registrada el 21 de febrero y autorizada por la Mesa, pero aún no ha llegado a ser debatida en Pleno. Esta iniciativa no la pudo vetar porque no afectaba al presupuesto del Ejecutivo.

Estando viva esta propuesta, las fuentes gubernamentales consultadas por ABC, reconocieron que, si hubieran autorizado ayer la reapertura de la central,el PSOE podría haber anunciado en el mismo momento que la llevaría al primer Pleno del Congreso después del verano. Una votación perdida de antemano por el Partido Popular , por lo que, «tendríamos que cerrar por ley la central nuclear».

El Gobierno exploró otras vías, «le hemos dado todas las vueltas del mundo» admiten estas mismas fuentes, como es la del decreto-ley, pero igualmente habría sido tumbado por la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, abrir Garoña con el Parlamento en contra hubiera sido una solución a corto plazo y abrir un debate político de desgaste al Gobierno .

A la vista de esta situación, el Ministerio de Energía no ha agotado el plazo legal del que disponía para pronunciarse, y el ministro Álvaro Nadal, como tenía previsto, anunció su decisión antes del día 8. El titular de Energía fue muy claro en la exposición de motivos que le han llevado a tomar esta decisión: « Garoña ha sido utilizada como un símbolo y un campo de batalla político», que ha derivado en un «contexto de clara oposición», en el que también las empresas han querido utilizar a la central nuclear como «elemento de presión».

Nadal no solo hizo alusión a la crítica de la oposición, sino también a las discrepancias entre Iberdrola y Endesa, las dos empresas que crearon Nuclenor para explotar la central. Mientras que la primera ha mostrado su oposición a la reapertura, argumentando que no es rentable; la segunda se ha mostrado más proclive a su permanencia y siempre ha sostenido que había que esperar a la decisión del Gobierno. El ministro se quejó también de que, tras la decisión del CSN, no se ha producido «el debate sosegado que solicitamos. No ha habido ningún interés en debatir con argumentos basados en la política energética. Yo hubiera preferido otro tipo de discusión»

Nadal admite que las empresas, para realizar las inversiones, «necesitan certidumbre», y el Gobierno «no puede garantizar la mínima tranquilidad» . En este sentido, señala que si hay un cambio puede haber una modificación de la regulación en el sistema, que supondrían nuevas incertidumbres para estas inversiones empresariales.

La decisión que se ha adoptado sobre Garoña, contrariamente a lo que sostiene Greenpeace , no afectará al resto de las centrales nucleares, cuya licencia para seguir funcionando tiene que renovarse, en el horizonte de 2020. Nadal garantiza que el Gobierno sigue apostando por la energía nuclear y las fuentes consultadas por ABC aseguran que el Ejecutivo tendrá una posición diferente que la sostenida con Garoña, admitiendo Nadal que la postura hubiera sido «diferente» si hubieran tenido una mayoría parlamentaria. El ministro afirmó que si se cerraran las centrales nucleares, el precio de la luz subiría un 25% .

Una vez decidido el cierre, el ministro desveló que han mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León para poner en marcha un plan de reactivación económico que compense a la comarca la pérdida de estas instalaciones. Ello implicará la elaboración de un plan social para garantizar la vida laboral de los trabajadores de la central. El presidente de esta Comunidad, Juan José Herrera, envió ayer una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayando que le duele «de manera especial» que sea el Gobierno el que aparezca como responsable del cierre de Garoña «para el que tantos otros han trabajo intensamente».

Tras conocerse la resolución del Gobierno, las dos empresas afectadas: Iberdrola y Endesa, se pronunciaron sobre la misma. Iberdrola considera coherente la decisión y recuerda que ha venido defendiendo el cierre , «al considerar que su continuidad era económicamente inviable». Esta empresa considera una lástima que los casi 400 millones invertidos no se hayan utilizado para reindustrializar la zona por la negativa del otro accionista de Nuclenor, según un portavoz.

Por su parte, Endesa defendió que l as inversiones para que Garoña siguiera funcionando «serían perfectamente realizables» y pidió «dejar claro que la decisión del Gobierno afecta única y exclusivamente a esta central». Así lo explicó un portavoz, quien apuntó que Garoña «en ningún caso supone precedente o referencia alguna para la viabilidad técnica y económica del resto de las centrales».