Empleo: sectores que buscan un urgente relevo

La voz de alerta ha partido de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). Su presidente, Miguel Ángel Benavente, se lamenta de una falta de armonización entre lo que demandan las empresas y la formación que se imparte. Sin embargo, no es el único problema. Hay titulaciones, muchas de ellas de formación profesional, que se ofrecen pero no consiguen atraer al número de alumnos suficientes. La secretaria de FAE, Emiliana Molero, asegura que en la bolsa de empleo que gestionan echan en falta trabajadores para cubrir empleos que «a priori» parece muy normales. Faltan, por ejemplo, electricistas, soldadores, conductores de camiones y autobuses, comerciales, e incluso dependientes.

El gerente del Grupo Julián y presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles, Julián Alonso, asegura que es complicado encontrar mecánicos especialistas, pero también carroceros o electromecánicos. De hecho, ha recurrido a un reciente acuerdo con la Fundación Lesmes, dedicada a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión para intentar una formación «a medida» de los profesionales que necesita, harto de buscar estos perfiles, incluso con anuncios de trabajo fuera de la provincia de Burgos.

Otro sector donde faltan empleados es el de las empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera. Faltan conductores. Según la información facilitada por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León están sin cubrir 1.500 puestos de este tipo de trabajo, solo en Burgos cuatrocientos. De hecho, la propia Junta de Castilla y León ha decidido apoyar un intento de resolver este problema que puede ser el piloto y extenderse al resto de provincias de la comunidad. Se trata de un convenio de FAE con las asociaciones de transportistas y varias compañías adheridas por el que, tras la contratación, se irá reembolsando en varias anualidades lo que los nuevos conductores hayan gastado en su formación y acreditación. «Todos ganamos -asegura Benavente- porque se da trabajo a las autoescuelas, que están notando la caída en la demanda de las enseñanzas que imparten; las empresas consiguen conductores; y cuatrocientas personas pueden encontrar trabajo en Burgos, lo que es bueno para ellos y para toda la sociedad».

De hecho, el transporte de mercancías y viajeros por carretera aporta más del 3% del PIB de Castilla y León, unos 1.800 millones al año. Actualmente da empleo a 94.000 personas, pero podrían ser 95.500.

En otros casos, las cifras son menos concretas pero la necesidad de profesionales es evidente. Es el caso de los electricistas. «Las empresas se los quitan de las manos en cuanto acaban la Formación Profesional», asegura Emiliana Molero. La falta de electricistas es un problema que también afecta a toda la comunidad de Castilla y León. En este caso, los recién titulados tardaban algo en incorporarse a sus nuevos empleos porque les faltaba el curso preceptivo de prevención de riesgos laborales. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) ha logrado que la Consejería de Educación modifique los planes de estudio de FP para que los futuros electricistas reciban también durante su formación ordinaria los conocimientos y acreditación necesaria en prevención de riesgos laborales, para poder acelerar su incorporación efectiva al puesto de trabajo.

FAE trabaja también con la Federación de Empresarios del Metal de Burgos para diseñar una formación específica que les permita contar con otro perfil escaso. Se trata de los comerciales que se encargan también de la gestión. No será una formación generalista, sino diseñada para un área muy concreta, la de la logística y ventas para el comercio exterior, donde encontrar profesionales preparados es casi misión imposible, informan desde la federación del metal.

Emiliana Molero advierte de que la demanda de las empresas es muy cambiante y cada vez va más rápido. Cree que es necesario adecuarse más a esa solicitud desde el ámbito formativo. Es lo que cree que está ocurriendo con algunas ingenierías, donde ya no se pide a los empleados solo la titulación adecuada, sino también conocimientos de inglés y algún idioma extranjero más. FAE se está implicando más en esos procesos formativos. Otro sector en el que la demanda de trabajadores va en aumento y no encuentra respuesta es el del mantenimiento de instalaciones de energías renovables especialmente eólicas.

La falta de personal para ciertas ocupaciones es un problema llamado a extenderse también a los campos relacionados con las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. FAE ha intentado adelantarse y ha sido seleccionado por el Ministerio de Economía para liderar la transformación digital de la empresa analógica en Castilla y León. El Ministerio, a través de la entidad pública «Red.es», ha elegido a la asociación empresarial burgalesa para pilotar la Oficina de Transformación Digital (OTD) en Castilla y León. Se trata de una de las 27 aprobadas en toda España. Su objetivo es promover y formar a las empresas analógicas para que den el paso al ámbito digital, ha explicado el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente.

Según Molero, la primera actividad de la oficina es la organización de 36 jornadas de formación y talleres que ya están preparando para todas las provincias de Castilla y León. Su intención es ofrecer una media de cuatro intervenciones por cada provincia. Se dirigirán especialmente a micropymes porque «las firmas de mayor tamaño suelen tener más conciencia de esa necesidad e incluso disponen, en muchos casos, de sus propios equipos para esa adaptación», explica Emiliana Molero.

Las actividades formativas se centrarán en el comercio electrónico, la implantación del 5G, la Industria 4.0, o la digitalización de la empresa, entre otras. Esta estrategia también se vinculará a emprendedores digitales para animar a la creación de negocios que puedan dedicarse a la prestación de servicios digitales para terceros.

El Ministerio de Economía ha destinado a las 27 oficinas que se despliegan por todo el territorio estatal cinco millones de euros en ayudas, con cargo a los Fondos Feder, y con un importe medio por oficina que se sitúa entre los 100.000 y los 200.000 euros siempre que la organización que lo lidere aporte el 20% del presupuesto subvencionable.