El vino, el aceite y el queso de Castilla-La Mancha tendrán que pagar aranceles del 15%

Ello supondrá para el sector en la región un incremento en los costes de exportación para los citados productos agroalimentarios, lo que ha causado seria preocupación en Castilla-La Mancha, especialmente porque se tenía la esperanza de que esos productos formaran parte de una partida excepcional que no iba a tener que asumir ese gravamen del 15%.

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El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Castilla-La Mancha elevará su protesta a Bruselas: «En ningún caso habría que haber aceptado un arancel del 15% para el vino y otros productos agroalimentarios. Vamos a hacer esa exigencia en las próximas semanas, que tenemos reuniones en Bruselas y a nivel internacional -alguna de ellas con la participación del presidente Emiliano García-Page- de reivindicar apoyo a los sectores productivos agroalimentarios de Castilla-La Mancha y del resto de sectores que se puedan ver perjudicados por este arancel del 15%».

También, la eurodiputada del PSOE y miembro de las Comisiones de Agricultura y Comercio Internacional, Cristina Maestre, ha arremetido contra este acuerdo arancelario que «desde Bruselas se presenta como un triunfo de la estabilidad y la previsibilidad». Maestre subraya que aunque Ursula von der Leyen y Maroš Šefčovičlo han descrito como un paso estratégico para evitar una guerra comercial, «en realidad, lo que consagra es un pacto profundamente desequilibrado: un respiro limitado y ficticio para la automoción, a costa de abrir de par en par las puertas a la competencia agrícola norteamericana».

«En otras palabras, los fabricantes de coches apenas aseguran un alivio parcial, mientras los agricultores europeos quedan expuestos a perder mercado en su propia casa, con la entrada masiva de porcino, frutas, hortalizas, semillas y otros productos agroalimentarios estadounidenses que podrán entrar a precios muy competitivos y a arancel cero. Productos que, además de ser más baratos, se producirán bajo exigencias regulatorias mucho más laxas que las impuestas a nuestros agricultores y ganaderos en la Unión Europea, generando una competencia desleal que amenaza con arrasar sectores enteros de nuestra producción».

Con este acuerdo -prosigue la eurodiputada socialista- se cambia «un alivio dudoso en un sector industrial concentrado por un golpe directo a millones de pequeños y medianos productores. Las organizaciones vitivinícolas, como la Conferencia Española de Consejos Reguladores, lamentan una negociación 'débil' que deja al vino y a las bebidas espirituosas bajo un arancel del 15%, dificultando aún más su presencia en el mercado estadounidense, donde ya habían perdido un 20% de valor en el primer semestre».