Una faena de 6.000 euros

José Antonio Moreno , el perito calígrafo, lo dijo alto y claro en la Audiencia Provincial de Toledo durante el juicio, este miércoles, en el que el Ministerio Fiscal pidió dos años y seis meses de prisión para el empresario por un delito de falsedad en documento privado. En cambio, la defensa solicitó la libre absolución porque Francisco no tiene nada que ver con esa falsificación. No obstante, el letrado dejó entreabierta una puerta por si su cliente era condenado por el tribunal: que se tenga en cuenta la atenuante de dilación indebida; es decir, por retraso en la tramitación de la causa.

Porque estos hechos juzgados se remontan a 2012 , a raíz de una sentencia de un juzgado de lo Social de Toledo que condenó al empresario a pagar una indemnización a su empleada. Para la fiscal del caso no hay ninguna duda de que la mano del ganadero está detrás de la falsificación múltiple en los recibís. «No hay cuestionamiento alguno sobre la autoría. Los indicios conducen a una conclusión lógica», afirmó la representante del Ministerio Público.

Pero, para el abogado de la defensa, el cristal es de otro color. «Yo nunca firmé los recibís» , afirmó su cliente, que contó al tribunal que Elena y él acordaron cuatro plazos para pagar la indemnización y Francisco encargó a su gestor -el mismo que lo defiende en este proceso- la redacción de los documentos. Luego el ganadero afirmó en la sala que Elena se llevó los papeles para que los revisara su abogado, aunque la fiscal terció inmediatamente porque Francisco había declarado otra cosa distinta en sede judicial: «Ella los firmó en mi presencia». El empresario añadió que no recordaba haber afirmado eso, «y si lo dije, lo dije equivocadamente».

Francisco aseguró al tribunal que él pagó a Elena en dos ocasiones y que su esposa lo hizo en otras dos, y que en las cuatro veces la denunciante llevó los recibís firmados. Pero la extrabajadora lo negó rotundamente después. «Entonces, ¿están recogidos esos pagos en alguna contabilidad?», cuestionó la fiscal al acusado. «Le pagaba en metálico, era dinero que yo tenía..., dinerillo que yo iba juntando», respondió el ganadero.

«Pero, si usted le pagó, ¿por qué ella fue al juzgado de lo Social para reclamar?» , volvió a escrutar la fiscal. «Pues porque iría a buscar más dinero o estaba mal informada por su abogado», especuló el inculpado. «Y si usted le pagó dos veces, ¿por qué no la denunció al intentar cobrar de nuevo?», inquirió la representante del Ministerio Público. «Es mi gestor quien me dice si tengo o no que denunciar...», respondió. Más o menos lo que dijo Elena cuando la defensa le afeó que denunciase 7 meses después de ver los recibís falsos. «Me llevaba los papeles un abogado, que fue el que decidió cuándo denunciar», resolvió ella.

Con todo, el juzgado de lo Social que reclamaba a Francisco la indemnización le acabó embargando bienes. «15.000 euros de una subvención a la sociedad porque no tenía dinero», apostilló el ganadero, que se lamentó de llevar 7 años esperando que le devuelvan del juzgado el dinero retenido.

Testificó una empleada de la gestoría, que no afirmó con rotundidad si Elena había rubricado esos documentos en la oficina. «Ella vino al menos dos veces, estoy casi segura, pero no los firmó en mi presencia», declaró a preguntas de la fiscal, quien acusó a Francisco de pretender engañar al juez que le requirió los recibís al llevarle unos documentos con firmas falsas.

El abogado de Francisco anunció expresamente «acciones pertinentes» al haber publicado ABC el escrito de acusación de la Fiscalía de Toledo enviado a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, una práctica habitual cuando hay juicios. «Mi defendido viene condenado, ya se le está causando un gran perjuicio», coligió el letrado, quien aseveró que no se había probado la culpabilidad de Francisco. Aunque el perito calígrafo fue tajante: alguien falsificó la firma de Elena en cuatro ocasiones.