Testigo «desprotegido»

Pero se siente desprotegido. Desde el jueves 23 de marzo de 2017, pesa sobre su cabeza una amenaza de muerte. Aquel día, a primera hora de la mañana, dos empleados de limpieza encontraron en la Casa de Campo de Madrid, bajo una papelera, un bolso negro que contenía el cargador de una pistola con quince cartuchos en su interior y una caja con otros veinte. También había dos folios. En uno se podían leer datos de un vehículo, dirección y horarios de Miguel, así como una sentencia por escrito: « Intentar secuestro a salida de oficina de noche. En caso imposible, disparar y recién deshacerse de la pistola, balas y casquillos ». En el otro papel, una fotografía de este hombre entrando en su oficina, en la provincia de Toledo.

Esa imagen seguramente se la tomaron tres meses antes, en diciembre de 2016. Un día Miguel pudo ver, a unos treinta metros de su oficina, a los ocupantes de un Seat León de color negro con las matrículas «dobladas» (falsificadas). El número de matrícula correspondía, en realidad, a un vehículo de la misma marca, modelo y color que había sido desguazado el viernes 5 de agosto de 2016 en Desguaces Quini S. L., de San Martín de la Vega, también en Madrid, según constataron la Policía Nacional y la Guardia Civil .

Sin embargo, dos meses antes del incidente junto a la oficina de Miguel, ese turismo Seat León negro , que llevaba el número de matrícula del vehículo desguazado, había sido captado por cámaras de la Dirección General de Tráfico a su paso por el punto kilométrico 185 de la AP-7 (autopista del Mediterráneo), en el término municipal de Málaga. Era el 20 de octubre de 2016, jueves, a las 13:44. «Es decir, después de su desguace y con anterioridad al descubrimiento de la documentación en la Casa de Campo», concluyó un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo fechado el 21 de noviembre de 2017. El uso de ese vehículo solo podía ser uno: intentar delinquir. Pero ni la Guardia Civil ni la Policía pudieron relacionar el turismo con algún hecho ilícito cometido en la provincia de Málaga.

Tras el hallazgo del bolso negro el 23 de marzo de 2017, el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid localizó telefónicamente a Miguel esa misma tarde para que se personara inmediatamente en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. Los agentes verificaron que los datos recogidos en el bolso correspondían efectivamente a Miguel, quien declaró a los agentes que no recordaba tener problemas con nadie. Sí les dijo que cinco o seis años atrás había tenido un altercado con un hombre al que había alquilado una nave y que dejó de pagarle. Miguel llegó a ir a su casa para exigirle el dinero y el moroso le respondió apuntándole con una pistola. Lo denunció ante la Guardia Civil, aunque el incidente no llegó a más.

También relató a los agentes que un día de diciembre de 2016 vio un vehículo Seat León negro en las inmediaciones de su casa a primera hora de la mañana, cuando él se iba a trabajar, y también por la tarde junto a su oficina. En ambas ocasiones, observó a un mismo individuo que parecía que buscaba algo en el maletero, dando siempre la espalda a Miguel. Por la tarde, Miguel reconoció a ese mismo sujeto, aunque estaba acompañado de otro hombre, que se encontraba en el interior del vehículo, en la parte trasera, y que parecía que le estuviera tomando fotografías. El propio Miguel aportó la matrícula a la Guardia Civil, una matrícula que resultó ser falsa y que correspondía al vehículo dado de baja el 5 de agosto de 2016.

Tras declarar varias horas ante la Policía en Madrid, dos agentes escoltaron a Miguel a su casa esa noche. Vigilaron la zona hasta que fueron relevados por otros funcionarios del Servicio de Protección de Testigos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, que se hicieron cargo de su escolta hasta el 3 de abril. A partir de entonces, fue la Guardia Civil de Toledo la encargada de velar por la seguridad de Miguel, que se declara confidente del instituto armado, aunque le gusta más la palabra «colaborador».

Su implicación es tal que, además de información, ha donado mobiliario, equipamiento y material de oficina al instituto armado . También ha pagado un perchero industrial para que los guardias de un acuartelamiento cuelguen sus chalecos antibalas. Y todos los años costea parte de las flores para adornar un cuartel como motivo de la patrona de la Guardia Civil.

Aunque a muchos les resultará sorprendente, Miguel asegura que esa cooperación es desinteresada. «A unas personas les gusta colaborar con organizaciones no gubernamentales. Yo lo hago con la Guardia Civil por cercanía, amistad, respeto y admiración hacia este cuerpo», ejemplifica.

Según un informe interno de la Guardia Civil de Toledo, la colaboración de Miguel ha sido clave en la desarticulación de un grupo de chinos por delitos contra los derechos de los trabajadores; en la detención de varios individuos por delitos contra la prostitución e inmigración ilegal o en el arresto de una persona por un delito de estafa y otro de simulación de delito.

La información de Miguel también permitió la aprehensión de un kilo de heroína y la detención de varios individuos por delitos de robo de vehículos a motor y falsificación documental, además del arresto de varias personas por la tenencia ilícita de armas y delitos contra la fauna. Igualmente, este confidente contribuyó al éxito de una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, así como a la captura de dos individuos por un delito de estafa a escala nacional. O al desmantelamiento de locales cerrados empleados para el cultivo de marihuana. Y, además, ha facilitado información sobre el integrismo islamista radical. Todo «de forma continuada y desinteresada desde los años 90», se asegura en ese informe de la Guardia Civil.

Pero, a pesar de esta «hoja de servicios», Miguel se siente desprotegido. Las medidas adoptadas por la comandancia de Toledo nunca le han satisfecho, ya que siempre han estado muy alejadas de la protección personal que le había dado la Policía Nacional durante casi dos semanas. Este colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha solicitado reiteradamente, de manera personal y por escrito, un servicio permanente de protección policial. Pero la respuesta del jefe de la comandancia fue establecer una vigilancia esporádica del domicilio familiar y del trabajo a lo largo del día, contravigilancias, una investigación de la Policía Judicial y entrevistas con Miguel, así como tener un contacto telefónico directo con un responsable de la Guardia Civil.

Pero Miguel asegura que la vigilancia esporádica es insuficiente e ineficaz, «simples pasadas de vehículos de la Guardia Civil por delante de mi casa y de mi oficina». Esta situación le ha generado crisis de ansiedad e hipertensión, lo que le ha obligado a medicarse. Porque Miguel tiene miedo, por él y por su familia. «Esta Semana Santa pasada estuvimos ausentes catorce días y nadie de la Guardia Civil me telefoneó preguntando si estaba vivo», señala a modo de ejemplo.

También ha llegado a solicitar una licencia de armas tipo B para él, con el fin de portar una pistola o un revólver para su seguridad. Pero, igualmente, ha sido denegado por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, el coronel Luis Rodríguez, quien declinó hacer declaraciones a ABC.

Con todo, Miguel tiene previsto realizar este jueves, 31 de mayo, un acto de protesta en la plaza de Zocodover de Toledo, desde las 11:00 hasta las 15:00, ya que el coronel pasará por ese emblemático lugar acompañando la custodia de Arfe en la procesión del Corpus Christi.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, a la que Miguel informó de su concentración, le respondió que le asiste el derecho de reunión al ser entre 10 y 15 las personas que le apoyarán en ese acto para exigir un servicio permanente de protección policial. También criticarán la «actitud vengativa y revanchista», según Miguel, del jefe de la comandancia de Toledo hacia él, «motivo real por el que me encuentro ante la más absoluta desprotección».

Este confidente desplegará, además, una pancarta desde un balcón en el recorrido de la procesión, aunque no revela el lugar. Y más adelante denunciará en los tribunales al jefe de la comandancia por una presunta prevaricación tras conceder «de manera irregular», según Miguel, una licencia de armas tipo B a un empresario.

Pero, ¿por qué sigue cooperando con la Guardia Civil? «Entiendo que mi colaboración es valiosa para combatir cualquier delito y un servicio a la sociedad. El problema que tenga con el jefe de la comandancia no va a cambiar nunca mi relación con la Guardia Civil ni con cualquier cuerpo de seguridad del Estado que me pida colaboración».