Una Comisión de Seguimiento decidirá sobre los casos de eutanasia en Castilla-La Mancha

El Congreso de los Diputados aprobó en marzo, con los únicos votos en contra de PP y Vox, la Ley de Eutanasia, una iniciativa del Gobierno PSOE-Unidas Podemos cuya aplicación real se producirá a partir del 25 de junio , según recoge el Boletín Oficial del Estado publicado el pasado 25 de abril. La Comisión de Evaluación y Garantía es el filtro final que decidirá sobre la aplicación o no de la eutanasia a un paciente terminal, una «prestación de ayuda a morir» que pasa a formar parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. En este objetivo trabaja ya la Consejería de Sanidad, a través del Sescam, ya que dicha norma es de obligado cumplimiento en todas las autonomías.

De esta forma, cualquier persona mayor de edad y con un año de empadronamiento en España que sufra «un padecimiento crónico e imposibilitante» o «una enfermedad grave e incurable causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerables» podrá pedir la eutanasia o el suicidio asistido . Deberá tener el consentimiento de su médico y de un segundo profesional sanitario ajeno a su equipo médico habitual. Será después cuando la solicitud tenga que ser analizada por la citada Comisión, que tiene la última palabra. En caso de aprobación, la eutanasia se aplicará con un tiempo máximo de 32 días.

Este equipo técnico y profesional tendrá carácter multidisciplinar y contará con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas.

La Ley señala que, antes de la eutanasia hay que ofrecer cuidados paliativos al paciente, y ello supone aumentar la dotación para el desarrollo de estos tratamientos, algo en lo que los colegios de médicos de Castilla-La Mancha han insistido en sus reuniones con los responsables del Sescam.

«Aunque en la Ley no lo pone, nosotros hemos pedido que los miembros de la Comisión de Evaluación y Garantía tengan una sólida formación en bioética y deontología . Los médicos que más trabajan con este tipo de pacientes suelen ser paliativistas, que muchos de ellos forman parte de las comisiones de deontología de los hospitales. También en la comisión de deontología de nuestro colegio tenemos varios paliativistas», señala a ABC la doctora Natividad Laín, presidenta del Colegio de Médicos de Toledo y a su vez del Consejo de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha.

Laín alerta de que debe existir una comisión de seguimiento de los casos susceptibles de aplicación de la Ley de Eutanasia «para que todo el proceso se cumpla escrupulosamente la Ley y no sea un coladero , y pasen cosas que no deben pasar, como ha ocurrido en algunos países como Holanda o Bélgica. Al principio eran casos como muy seleccionados, muy controlados, y luego la sensación que tenemos es que ha habido una permisividad que podría sospecharse de ser un poco excesiva», añade.

Se refiere la doctora Laín al fenómeno de la llamada ‘pendiente resbaladiza’, supuestos reales en que la eutanasia se ha extendido mucho más allá de los enfermos terminales. «La eutanasia y el aborto en su ejecución son diferentes. Los abortos tienen en sí mismos un control de calidad porque hay gestantes que tienen que salir bien; en la eutanasia no tiene que salir bien. ¿Quién regula eso, la muerte de una persona, y que se haga como se tiene que hacer? », se pregunta la doctora, que insiste en que por esta causa «es muy importante que haya una comisión de seguimiento y que estos procesos se realicen en hospitales públicos».

Otro de los puntos polémicos de la Ley, y que ha generado mayor crítica en el seno de diversos colegios de médicos españoles, es la creación de un registro de médicos objetores . El argumento esgrimido es que a nadie puede pedírsele que declare públicamente sus ideas y poder quedar estigmatizado o etiquetado por ello. Este es un asunto en el que se mezclan ideología, religión e, incluso, política; de ahí la complejidad en el debate que se ha generado a nivel nacional.

Para Natividad Laín, otro de los asuntos que habría que regular en Castilla-La Mancha es quiénes son los custodios del listado de médicos objetores. «Las autoridades sanitarias dicen que ellos deben conocer ese listado porque tienen que garantizar la prestación . Y la pregunta o duda que hemos lanzado los colegios de médicos es que eso puede ser un instrumento que podría favorecer o ser un condicionante a la hora de contratar o no contratar, mejorar el contrato o no de un profesional».

Y pone un ejemplo: «Se piensa en el Sescam que probablemente los médicos que tendrán que establecer esa prestación en principio podrán ser los médicos de atención primaria, que son los responsables directos del paciente en sus cuidados domiciliarios. O los paliativistas. Y si tienen que garantizar una prestación en un centro de salud donde de los dos médicos que hay solo uno hace eutanasia , y a ambos se les acaba el contrato. ¿A quién van a contratar? Puede ser una posición de privilegio desde nuestro punto de vista. Es muy complejo».