De Riotinto a la cárcel de Toledo, encadenados y a pie

La explotación de las minas onubenses de Riotinto se remonta a las primeras civilizaciones que poblaron nuestro país. Los romanos fueron quienes propiciaron su gran desarrollo. En el año 1873 un consorcio británico, Riotinto Company Limited, compró las minas al Estado. Amén de propiciar la expansión industrial de las mismas, esta presencia extranjera trajo a España un novedoso juego, el «foot-ball», y también la consolidación de un activo movimiento obrero en defensa de las reivindicaciones planteadas por los mineros a sus patrones. Significativas y gran repercusión tuvieron algunas de las huelgas convocadas en aquellos años, como la de 1888, cuando la represión de una manifestación se saldó con más de doscientos muertos y que aún se recuerda como el «año de los tiros», o la de 1920, sobre la que versa este esbozo.

El principal motivo fue la petición de aumento en los jornales para los diferentes gremios. El conflicto, con carácter de huelga general, comenzó en junio prolongándose durante varios meses, participando en la misma unos once mil obreros. Se cerraron los economatos y las cartillas de consumo quedaron suprimidas, lo que propició que el hambre se generalizase entre las familias de los mineros. Tan dramática realidad generó un intenso movimiento de solidaridad en toda España, siendo numerosas las organizaciones obreras y socialistas que acogieron en sus pueblos a hijos de los huelguistas para facilitar su supervivencia. Las expediciones fueron asumidas por los propios sindicatos, rechazando ayudas de instituciones oficiales y recogiendo solo las que les ofrecían las agrupaciones obreras. A tal extremo llegó su dignidad, que incluso devolvieron una importante cantidad económica, tres mil pesetas, entregadas por Walter Browning , director de las minas, a un comedor social de Huelva, según rememora Juan Manuel Pérez López , director del Archivo Histórico Minero de la Fundación Rio Tinto, quien lleva años investigando sobre este episodio huelguista.

Tres mil niños fueron acogidos en diferentes localidades españolas, entre ellas la ciudad de Toledo.

En septiembre de 1920, la Casa del Pueblo toledana acordó acoger a dieciocho de estos pequeños , asumiendo las sociedades obreras sus gastos de educación y mantenimiento. Para recogerlos, e l dirigente socialista Domingo Alonso marchó a tierras onubenses, regresando con ellos a Toledo a principios de octubre.

En la estación de ferrocarril fueron recibidos como héroes, siendo acompañados por un numeroso grupo de toledanos hasta la plaza de Zocodover y la sede obrera, ubicada por entonces en la calle Núñez de Arce. En su honor se celebró un mitin en el Teatro de Rojas . Los pequeños se alojaron en domicilios particulares y para asegurar su manutención se realizó una colecta popular. El Ayuntamiento contribuyó a la misma con 500 pesetas y a las puertas de la Fábrica de Armas se recaudaron 171,50 pesetas entre sus trabajadores. En una función benéfica en el Rojas se sumaron otras mil más. En su edición del 15 de octubre, en las páginas del «Heraldo Obrero» se dio cuenta de la relación de hogares donde estaban albergados, el nombre de las personas que les acogían y los gastos que asumía cada una de ellas. El grupo permaneció en Toledo hasta el 18 de enero de 1921, fecha en que regresaron a Riotinto. Días después remitieron al citado diario un escrito de gratitud a sus mentores: «Desheredados de la fortuna, no podemos corresponder a vuestras atenciones, nada más que con agradecimiento tan intenso como vuestro esfuerzo a favor nuestro y de nuestras familias. Nuestros fríos hogares han reaccionado a nuestra llegada, porque hemos traído el cariño y la alegría a nuestros queridos padres, pero nuestros corazones sienten la amargura de la separación cruel de una hospitalaria ciudad que guarda entre sus vetustas murallas una nobleza y un altruismo tan grande, que jamás olvidaremos».

Aunque el conflicto terminó el 9 de enero de 1921, con un incremento del jornal para los obreros de 2,25 pesetas, las dramáticas consecuencias para algunos de sus protagonistas no concluyeron ahí. A finales de mes, una veintena de sindicalistas fueron detenidos, huyendo otros para evitar ser apresados. Para cinco de ellos –Tomás Carbajo, Salvador Pino, Bernardino Cordero, Juan González Guerra y Antonio Cuevas- se ordenó su destierro.

Semanas después de regresar a sus hogares los pequeños, el 15 de marzo, dos de estos obreros llegaron a Toledo, quedando ingresados en la cárcel provincial. Eran Tomás Carbajo, maestro y secretario de la Sección del Sindicato Minero de El Campillo, y Bernardino Cordero, tesorero del Sindicato Único de Nerva. Sus tres compañeros, de quienes se les separó en Ciudad Real, quedaron retenidos en Orgaz, esperando a continuar la marcha también hasta Toledo.

Aunque algunos pequeños tramos los hicieron en camión o tren (de Almadén o a Ciudad Real) o en caballerías, la mayor parte del trayecto la recorrieron a pie, esposados y custodiados por la Guardia Civil. Durante mes y medio pasaron por diferentes municipios de las provincias de Huelva, Badajoz, Ciudad Real y Toledo. En muchos de ellos fueron recibidos y auxiliados por compañeros de las organizaciones obreras.

Al saber de su llegada a Toledo, la Casa del Pueblo se encargó de su manutención y de cuantas necesidades precisaran. El director de la cárcel provincial, Julián Pacheco, les dio todo tipo de facilidades para ello, gesto alabado y reconocido por el “Heraldo Obrero”, periódico dirigido por el propio Domingo Alonso, significando que con tal actitud demostraba “tener sentido común, alteza de miras y una visión exacta del cumplimiento de su deber”.

Mientras los cinco deportados esperaban en Toledo y Orgaz alguna decisión sobre su destino final –se rumoreaba que podrían ser confinados en cinco de los pueblos más apartados y menos cultos de la provincia toledana-, una comisión de la Federación minera se entrevistó con Gabino Bugallal, ministro de la Gobernación, quien ofreció liberar a los retenidos. Así fue. Tras permanecer tres semanas en la prisión toledana, Tomás y Bernardino fueron puestos en libertad.

Junto a los compañeros retenidos en Orgaz se trasladaron a Madrid, donde fueron nuevamente detenidos y obligados a dejar la capital, con la prohibición de regresar a la provincia de Huelva, si bien unos días después se les comunicó que podían volver a sus hogares. Entre los días 6 de abril y el 12 de mayo, en las páginas del «Heraldo Obrero», Tomás Carbajo publicó un detallado diario de su terrible peripecia y de las penalidades sufridas. Su lectura estremece y ofrece un dramático retrato de la situación en que se encontraban las cárceles y calabozos por los que pasaron, así como por las vejaciones recibidas.

«A las cinco de la mañana –iniciaba Tomás el relato de su caminata hacia Toledo desde la cárcel riotinteña-, cuando aún no era de día, nos obligaron a salir conducidos por catorce guardias civiles con dirección a Aracena, distante 38 kilómetros de Riotinto, por entre sierras y angostas veredas; hicimos esta marcha sin comer, pues como al detenernos nada se nos dijo, imposible fue avisar a las familias para proveernos de ropa, comida y dinero; llegamos a Aracena y nos albergaron en un obscuro calabozo de la prevención municipal y que solo medía dos metros de largo por uno de ancho, en el cual teníamos que hacer las necesidades fisiológicas en presencia de todos; por cama y comida, esa noche tuvimos lo que llevábamos, nada».

«A mitad de camino –continuaba en otro de los pasajes del relato-, los cuatro civiles de infantería que nos acompañaban hicieron entrega de nosotros a otros de caballería, los que después de amarrarnos brutalmente, el encargado de la fuerza dijo textual: ahora han de marchar ustedes por el centro de la carretera, y al que me pise una hierba de los extremos, le pego un tiro que le vuelen los sesos; a esta quijotada nada replicamos, hicimos lo ordenado, y así llegamos a Villafranca de los Barros [Badajoz] , dirigiéndonos al “hotel” de costumbre; cuando nos fueron quitadas las cadenillas, ni una solo llevaba las manos en estado normal, hinchadas, casi a punto de brotar la sangre». En otra anotación, cuenta como en el calabozo de Castuera [en la misma provincia], donde permanecieron un par de días, un carcelero borracho les cobraba diez céntimos por cada jarro de agua que precisaban.

Dejadas atrás las provincias de Huelva y Badajoz, en tierras de Castilla-La Mancha, recalaron en Almadén, Ciudad Real, Piedrabuena, Alcoba de los Montes, Horcajo, Retuerta, San Pablo de los Montes y Gálvez. Desde esta población, tras unas duras jornadas de lluvia y nieve atravesando los Montes, cubrieron su última etapa. La hicieron en cabellerías, pues el forense galveño certificó que uno de ellos no podía continuar a pie, debido a las grandes dificultades que padecía por sufrir una hernia. Salieron a las nueve de la mañana con dirección a Polán, «donde llegamos a las doce, para seguir marcha, a la una y media, con dirección a Toledo; todo este recorrido lo hicimos amarrados los pies de forma inhumana; cuando a esta cárcel llegamos, veníamos sin saber si eran piernas o pedazos de madero, lo que traíamos por tales».

Como colofón a sus anotaciones, el sindicalista condensaba su situación, y la vivida meses atrás en Riotinto, con una sentida reflexión: «Injusticias enormes se cometen a diario, pero como esta creemos que no existe ninguna, por mero capricho de un gobernador [en alusión a la autoridad onubense que ordenó su detención], sirviendo bastardos intereses de una extranjera empresa explotadora, se deportan cinco padres de familia, que no han cometido otro delito que sentirse españoles, dejando en la más completa miseria a los inocentes seres que a su cargo tienen».

«Digo –concluía- que el delito cometido es el sentirnos españoles, porque en Riotinto no rige eso que se llama constitución, los derechos ciudadanos allí son un mito; alcaldes, jueces, gobernadores, todo cuanto sea instrumento de gobernación, ha de ser impuesto por aquella empresa inglesa, y quien trate de mermar este poder y levantar su voz contra el mismo, sufrirá con rigor el odio de aquel feudal que aún allí impera para vergüenza de España».

A raíz de aquella huelga y de sus terribles consecuencias, en nuestro país se generó un sentimiento de rechazo contra la compañía inglesa que explotaba las minas de Riotinto, las cuales volvieron a propiedad española en 1953, siendo varias las empresas que las explotaron hasta su cierre en los primeros años del presente siglo.

Meses después de sufrir esta dramática peripecia, Tomás Carbajo Delgado recaló en Talavera de la Reina, donde trabajó como maestro y mantuvo su compromiso obrero, llegando a presidir la Casa del Pueblo y asistiendo al décimo quinto Congreso Federal de la UGT, celebrado en 1922, representando a la sección de Oficios Varios del sindicato en esta población. Debido a su participación en diversos conflictos laborales en la ciudad de la cerámica, fue procesado en alguna ocasión y recibió una orden de expulsión de la localidad.