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Unos 820.000 castellano-manchegos se beneficiarán de los PGE para 2019

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha prioriza «a las personas», con un 57% destinado a políticas sociales

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, en la rueda de prensa A. Pérez Herrera
Mariano Cebrián

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Unas 820.000 castellano-manchegos podrán beneficiarse de los gastos sociales previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha elaborado el Gobierno de España para 2019. Esto es lo que se extrae de los cálculos que ha elaborado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, unas cifras que dio a conocer el delegado Manuel González Ramos en la rueda de prensa que ofreció este miércoles para valorar estas cuentas.

El delegado del Gobierno, que incidió más en las inversiones en políticas sociales que en las de infraestructuras, fue enumerando las partidas más importantes incluidas en los PGE de 2019 para Castilla-La Mancha. Durante la rueda de prensa, destacó que los presupuestos del Estado están «dedicados a las personas y las políticas sociales afectan a todos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan».

En primer lugar, el delegado habló de la revalorización de las pensiones, que, de acuerdo con sus estimaciones, van a beneficiar a 353.000 pensionistas de la comunidad. Una revalorización de las pensiones que, según informó, suponen unos incrementos que van desde un mínimo del 1,6%, aunque en algunos casos, como son las no contributivas y las mínimas, el porcentaje subirán hasta el 3%. Además, indicó que en las pensiones de viudedad, al subir la base reguladora cuatro puntos hasta el 70%, es decir, el incremento que se produce será del 7%.

Asimismo, resaltó que los PGE tienen «la intención clara, con números encima de la mesa» de suprimir el copago farmacéutico, del que se beneficiarán sobre todo pensionistas pero también personas con ingresos más modestos, llegando a unos 300.000 castellano-manchegos.

También se verán beneficiados 10.500 cuidadores en la región por la recuperación de la cotización a la Seguridad Social con una inversión de 18,4 millones de euros, y se destinarán 9 millones para el ingreso mínimo vital que va a beneficiar a casi 70.000 castellano-manchegos.

De igual modo, Castilla-La Mancha recibirá 23 millones para el subsidio de 8.100 parados de larga duración y mayores de 52 años ; 12,9 millones para alrededor de 8.200 castellano-manchegos que soliciten el permiso de paternidad incrementado de 5 a 8 semanas; 19 millones para 34.600 beneficiarios de becas; 3 millones para 29.000 ayudas para material escolar y 20 millones para 2.800 ayudas de comedor.

Con respecto a las inversiones del Ministerio de Fomento, González Ramos hizo hincapié en que del total del presupuesto para Castilla-La Mancha —que asciende a 637 millones de euros—, 251 millones se destinarán a carreteras, lo que supone un aumento del 56% con respecto al anterior presupuesto. Y, mientras que en el presupuesto de 2018 la inversión en ferrocarril era de 111 millones, la inversión para 2019 es de 220 millones, por lo que el incremento es de casi del 100% y se duplica la partida, ha resaltado.

Reparto entre comunidades

Preguntado por las críticas que han recibido los PGE en Castilla-La Mancha por la diferencia con las inversiones que recoge para Cataluña, el delegado del Gobierno contestó que «todo el PP ha salido en tromba hablando de la prioridad a Cataluña con respecto a otras comunidades autónomas». Sin embargo, afirmó que a nivel cuantitativo en relación a los incrementos en inversión, la primera comunidad es Navarra, seguida de otras regiones como la Comunidad Valenciana y Extremadura, con incrementos «prácticamente a la par con Cataluña».

Por lo tanto, considera que el argumento del PP es «un mensaje maniatado que quiere confundir a la ciudadanía o poner el foco en Cataluña porque cree que le va bien», pero insistió en que las políticas sociales afectan igual a los castellano-manchegos, a los extremeños o a los catalanes.

Con respecto a las discrepancias con el reparto por comunidades expresada ayer por el consejero de Hacienda del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina , el representante del Ejecutivo central en Castilla-La Mancha indicó que también «discrepa» y que entiende que el Gobierno regional demande un porcentaje mayor. En cualquier caso, añadió, las inversiones del Estado o de una comunidad autónoma «para valorar si se han tenido criterios de convergencia o no, deben de ser sostenidas a lo largo de muchos ejercicios» .

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