Los dependientes tendrán «más seguridad jurídica» con una subida presupuestaria de 2,8 millones

La norma, con un presupuesto aprobado de 2,8 millones de euros sobre el total de 420 millones para dependencia en 2018, entrará en vigor a los 20 días de ser publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), a excepción de algunos supuestos que empezarían a aplicarse a los 6 meses. Este, ha recordado Aurelia Sánchez, es el segundo decreto aprobado esta legislatura en materia de dependencia, tras el de 2016, que según ha destacado, incluye una serie de «mejoras importantes» con respecto a las medidas existentes hasta ahora.

Entre esas «mejoras», la consejera ha destacado que el decreto avanza en la «simplificación de los trámites y la documentación». Así, tal y como ha explicado, a partir de ahora los solicitantes sólo tendrán que adjuntar su solicitud y la prueba médica que acredite su estado de salud. Para la elaboración del PIA (Programa Individual de Atención), que también precisa un estudio de su capacidad económica, será la administración la que se encargue, en lugar de ser los propios beneficiarios y sus familias los que se hagan cargo, algo para lo que ha afirmado no será necesaria la contratación de más personal.

En segundo lugar, para la tramitación de esas ayudas, tendrán prioridad los supuestos «de extraordinaria y urgente necesidad» y las personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo en el caso de niños menores de 6 años. En estos supuestos, la titular de Bienestar Social ha desvelado que los plazos tanto para la valoración como para la prestación de la ayuda de dependencia se acortarán de 6 a 3 meses. Además, ha subrayado que «Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma de España que amplía la edad de los niños beneficiados de 3 a 6 años».

Además de mejorar la atención a menores de seis años, que tendrán un profesional de referencia durante toda la tramitación del proceso, el nuevo decreto permitirá compatibilizar el servicio de centro de día con el 50 por ciento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Y también mejora las prestaciones vinculadas al servicio de atención residencial para mayores con grado 2 y que estén en lista de espera de una plaza pública en un centro residencial de la región.