El Supremo confirma la pena de 7 años de inhabilitación para el exalcalde de Puertollano

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, el alto tribunal desestima los recursos de ambos contra la sentencia dictada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Ciudad Real, aunque sí estima parcialmente el recurso de casación planteado por el quien fuera aparejador municipal, Eugenio Ángel Manso, y le rebaja la condena de 3 años de prisión a un año por delito de falsedad de documento público, al entender, con apoyo del Ministerio Fiscal, que su actuación se incardina en el artículo 392 del Código Penal -y no en el 390 que aplicó la Audiencia- que castiga la falsedad cometida por particular con la agravante de «prevalexwrse del carácter público que tenía el culpable».

En este sentido el Supremo considera que, si bien Manso «se aprovecha» de su condición de funcionario, la acción no se correspondía con el ejercicio de sus funciones, por lo que el necesario vínculo funcional entre el funcionario y el documento falsificado no concurría.

La Sala ha desestimado el resto de motivos del recurso de Eugenio Ángel Manso, por lo que confirma que cometió también delito de prevaricación administrativa, castigado con la pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, se le confirma una multa de seis meses a veinte euros diarios.

A los tres acusados se les aplicó por la Audiencia la atenuante simple de dilaciones indebidas.

En noviembre de 2019, l a Audiencia Provincial de Ciudad Real condenó al exalcalde de Puertollan o, Joaquín Hermoso Murillo, a una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en su participación en el procedimiento de contratación y adjudicación de las obras de la plaza de toros de la ciudad minera entre los años 2007 y 2008, si bien resultó absuelto del delito de falsedad documental del que le acusaba la acusación popular, sustentada por los grupos municipales de PP e IU.

La sentencia de a Audiencia Provincial, ahora refrendada por el Supremo, salvo lo relativo a la estimación parcial de uno de los recursos presentados por Eugenio Ángel Manso, considera probado que los acusados procedieron de forma consciente, sin justificación técnica, al fraccionamiento en 69 expedientes de las obras con el fin de eludir el concurso público mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El coste de las obras ascendió a 2.598.451 euros.

Según la Sala, el exalcalde adoptó una resolución «tácita ilegal y arbitraria» que propició una contratación «prohibida». «Se trataba de un proyecto de obra mayor dirigido a la realización de la segunda fase del Coso Polivalente de Puertollano que luego, sin verdaderos motivos técnicos y sin cumplir los requisitos legales, se segmentó en 36 contratos, y la cimentación, pese a ser un todo inescindible, global y conjunto, se fracturó en dieciocho lotes, todos ellos de cuantía inferior a 60.000 euros, que finalmente fueron adjudicados a la misma mercantil mediante un procedimiento tramitado sin publicidad», constata la sala.

Según los magistrados, el exalcalde Hermoso Murillo adoptó una decisión con efectos administrativos que permitió, «violando» las expresas prohibiciones de fraccionamiento de la Ley de Contratos del Estado, «la celebración de múltiples contratos que vulneraban las más elementales reglas de la contratación administrativa (los principios de publicidad y concurrencia), encabezando los expedientes con los informes realizados por el arquitecto técnico municipal y el secretario, para a continuación, tras el informe técnico, dictar la resolución de aprobación de la contratación y el pago».

La sentencia prosigue indicando que una vez «reconducida» la adjudicación a otros procedimientos con menores requisitos, el resultado final, en lo que concierne a la cimentación, al menos, «fue encargar y contratar a un único contratista -la empresa Navarro Piquer- que tan sólo presentó la misma oferta, el llamado preciario o listado de precios, para todos los distintos lotes en que se despedazó la obra en clara contravención».

En este sentido los magistrados consideran que el resultado ocasionado fue «materialmente injusto» y se manifiesta al haber adjudicado, a sabiendas, los contratos fraccionados sin respetar las normas, en especial a una misma empresa que aportó únicamente listados de precios, «consiguiendo la concesión de los mismos sin posibilidad real alguna de contrastar que su oferta fuera la más favorable para los intereses generales».

En este contexto, dicen los jueces, la decisión de Hermoso Murillo de admitir el fraccionamiento y adjudicación de unos contratos de manera que en la práctica excluían toda publicidad y transparencia y a cualquier otro competidor, que no fuese en realidad el elegido «digitalmente», «constituye una resolución que el alcalde adoptó con el único sustento de su exclusiva voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad y situada extramuros de toda justificación que pudiera tener el más mínimo apoyo racional».

Respecto a los otros dos acusados, el arquitecto técnico que emitió los informes de fragmentación y el exsecretario municipal que dio el visto bueno jurídico, son considerados cooperadores necesarios del delito de prevaricación al existir la «voluntad» para dar una cobertura jurídica al acto arbitrario.

Para la sala, ha quedado demostrado que la actuación de Ángel Manso al emitir el informe se encontraba orientada, en armonía con lo pactado con el alcalde, a cumplir el objetivo político y personal perseguido, «acto que en ningún caso se pueden calificar como neutro al ser su único propósito servir de justificación para la fragmentación de la obra, lo que incide en el proceso de contratación».

Por su parte, la sentencia establece que los actos llevados a cabo por el exsecretario Juan Luis Vázquez Calvo son «imprescindibles» para llegar al resultado prevaricador. «No solo advierte y auxilia a Ángel Manso acerca del modo y forma en que se debía canalizar el proceso de contratación (fragmentándolo), para lo cual precisaba un informe técnico de necesidad, sino que posteriormente le indica cómo debía realizarlo, para lo cual incluso le ilustra acerca de las disposiciones legales aplicables y cómo debía redactar su informe», reza la sentencia, al tiempo que especifica que en el informe de legalidad emitido por el secretario «nada se justifica desde un punto de vista jurídico».