Castilla-La Mancha, en guardia para que no se produzca un nuevo caso «Zaldívar»

En la madrugada de ese día, hace ahora casi cuatro años, una nube negra eclipsó la luna en el cielo de este municipio toledano, ubicado en una zona limítrofe con la Comunidad de Madrid. Cuando el sol salió, el humo se veía a kilómetros de distancia e incluso desde algunos puntos de la capital. ¿La causa? Un vertedero compuesto por 100.000 toneladas de neumáticos, que desbordaban el recinto donde se almacenaban.

Según las investigaciones, «fruto de una fuente de calor externa», las ruedas viejas comenzaron a arder. El fuego se mantuvo activo durante 24 días y provocó una crisis ecológica sin precedentes, además de un conflicto entre los gobiernos autonómicos de Madrid y Castilla-La Mancha .

El proceso de destrucción se tradujo en 80.000 toneladas de neumáticos calcinados y casi 24 días de emisiones contaminantes que pusieron en riesgo sanitario a toda la población de Seseña, superando en algunas ocasiones los valores límite de partículas contaminantes. Detrás de la toxicidad del asunto, un nuevo caso de negligencia administrativa. Tanto es así que la empresa que gestionaba el recinto, Disfilt, fue sancionada en 2005 con una multa de 60.000 euros. Además, se ordenó paralizar la llegada de residuos al recinto. Algo que no dejó de ocurrir.

En 2013, el Gobierno local del Partido Popular alcanzó un acuerdo con Desechos y Gestión de Ruedas Iberia para proceder a desmantelar el vertedero. Pero, tres meses antes de que se propagase el fuego, el contrato había terminado su vigencia sin que las tareas se hubieran llevado a cabo. Ahora, casi cuatro años después de aquellos sucesos, la causa judicial sigue abierta, a la espera de que Google dé acceso al juez al teléfono del único investigado por la catástrofe .

Sin embargo, este no es el único vertedero que ha generado polémica en Castilla-La Mancha, donde actualmente existen nueve depósitos industriales operativos. En este sentido, Ecologistas en Acción ha exigido este viernes al Gobierno autonómico que publique, en cumplimiento de la Ley 22/2011, información actualizada sobre los residuos que la comunidad produce y recibe. Asimismo, exige que se dé a conocer los resultados de las inspecciones sobre los residuos importados a través del Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos y si se van a recibir residuos del vertedero de Zaldívar.

En una nota de prensa, la organización denuncia que la falta de tasa de vertidos en la región la convierte en destino preferente de los residuos de otras comunidades autónomas, a lo que se une su ubicación en el centro peninsular y los «excelentes» accesos por carretera. Aunque no hay datos oficiales, Ecologistas en Acción estima que alrededor de dos tercios de los residuos depositados en vertederos castellanomanchegos provienen de fuera de la comunidad autónoma, en especial de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra.

De este modo, ponen como ejemplo de esta forma de actuar el macrovertedero de Almonacid del Marquesado (Cuenca), que recibe 500 toneladas diarias de residuos y «casi todos proceden de fuera de Castilla-La Mancha». Calificado como «el vertedero privado más grande de España», Ecologistas en Acción está preocupado por que en él se repita lo que ha ocurrido en Zaldívar, por lo que exigen que se haga público el origen y los códigos de la Lista Europea de Residuos (LER) recibidos por los nueve vertederos industriales operativos de la región.

El vertedero de Almonacid del Marquesado, según datos de la organización, tiene una superficie de 53 hectáreas y en la autorización ambiental integrada figura una capacidad de depósitos total de 21,5 millones de toneladas de residuos industriales no peligrosos, a un ritmo de 300.000 toneladas al año. Propiedad del grupo catalán Griñó, empezó a operar en septiembre de 2019 y está recibiendo en torno a 25 camiones diarios con unos 300 tipos de residuos, entre los que se cuentan los de transformación física y química de minerales, lodos de lejías y de destintado de papel o lodos que contienen metales pesados.

Ecologistas en Acción considera que «las afecciones potenciales al entorno son enormes, dado que si las barreras de protección no funcionaran adecuadamente, los efectos a los suelos y las aguas subterráneas serían desastrosos». La organización recuerda que ha pedido documentación y una reunión con el alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana , pero no ha recibido respuesta.

Una situación parecida es la que denuncian en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), donde su ayuntamiento ha encargado a la Universidad de Castilla-La Mancha un estudio sobre las emisiones y la calidad del aire en las inmediaciones del vertedero de residuos industriales no peligrosos de la empresa Tradebe. El alcalde, Miguel Ángel Valverde, señala que esta decisión se produce tras la alarma social que se creó este verano, tras conocerse el incremento de la actividad en este vertedero, como consecuencia de que la empresa cerró su planta en Madrid y concentró en la de la localidad ciudadrealeña su actividad.

Pese a esta alarma provocada sobre el tema de los vertederos, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere tranquilizar a la ciudadanía diciendo que existe una plataforma informática que registra todos los residuos que entran y salen de la comunidad. «Los que no cumplen con la normativa, se devuelven a su sitio de origen», asegura a ABC el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, Fernando Marchán , quien apunta que «todos los residuos que entran en la región están controlados».

De hecho, Marchán recuerda que hay una ley nacional que obliga a las comunidades autónomas a comunicar cualquier residuo que salga de su territorio y el destino. En cualquier caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobaron el 28 de noviembre de 2019 la Ley de Economía Circular, que incluye entre sus objetivos reducir la generación de residuos y su carga contaminante y promover su valorización como fuente de materias primas secundarias.

En el pleno parlamentario que sirvió para su aprobación, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, anunció que en doce meses se establecerá una fianza para aplicarla en la gestión de residuos peligrosos y también en doce meses se aprobaría una Estrategia Regional de Economía Circular . Dentro de esta iniciativa, se incluye una «tasa de vertidos», que los clasifica en 3 tipos: residuo inerte, no peligrosos o peligrosos.

Según explica el viceconsejero de Medio Ambiente, «la tasa que se pagará será en función de la clasificación del residuo». Se trata de un impuesto progresivo que empezará a cobrarse en 2020/2021 hasta 2026, fecha final del Plan Integral de Gestión de Residuos. En cualquier caso, Marchán quiere dejar claro que «la futura tasa que se va a cobrar no es para hacer caja, sino para evitar el efecto llamada».