Más de 7.600 aspirantes para cubrir las 105 plazas en las oposiciones de este fin de semana en la región

Un total de 7.644 personas están llamadas a participar en estos exámenes, que tendrán lugar a lo largo de este sábado y domingo en los institutos 'Alfonso X El Sabio', 'Azarquiel', 'Carlos III', 'El Greco', 'Juanelo Turriano', 'María Pacheco' y 'Universidad Laboral', en Toledo; 'Al-Basit' y 'Alto de los Molinos', en Albacete; 'Maestro Juan de Ávila' y 'Maestre de Calatrava', en Ciudad Real; 'Alfonso VIII', en Cuenca; y 'Brianda de Mendoza', en Guadalajara; a los que el Ejecutivo autonómico agradece la colaboración prestada.

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Los primeros exámenes se llevarán a cabo entre el 7 de octubre y el 18 de noviembre y, con carácter general, tendrán lugar en Toledo, a excepción de las pruebas selectivas con mayor número de aspirantes, que se celebrarán en todas las capitales

Las 385 plazas restantes hasta completar las 490 que forman parte de la oferta de estabilización se convocaron mediante el sistema de concurso. De ellas, 208 correspondientes a personal laboral ya han sido adjudicadas, mientras que las 177 de personal funcionario están pendientes de nombramiento.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha confiado en que los exámenes transcurran con el mismo éxito que los llevados a cabo en la convocatoria de los anteriores procesos selectivos, correspondientes a las ofertas de 2019 y 2020, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde 2016, el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado un total de 21.553 plazas entre los tres sectores: Sanidad, Educación y Administración General, lo que supone una media de más de 3.000 plazas al año.

Con estas sucesivas ofertas de empleo se persigue ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, blindar las plantillas, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad intelectual a la función pública y reducir la tasa de interinidad. En definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan.