El Gobierno provoca un debate sobre la Monarquía con la excusa de protegerla

Diversas voces del Ejecutivo llevan semanas filtrando el mensaje de que quieren proteger la Monarquía, pero han desencadenado un debate que, según los expertos consultados, solo contribuye a debilitar la Institución. «El peor favor que se puede hacer a la Corona es convertirla en un elemento de discusión, cuando lo que debe ser es un elemento de cohesión entre los españoles», sostienen estas fuentes.

Pero, además, explican que es «muy sospechoso» que el Gobierno abra este debate precisamente en este momento, en el que la opinión pública está pidiendo responsabilidades políticas por la gestión de la pandemia, por la crisis económica y por los pactos con los separatistas. En su opinión, «se intenta desviar el debate hacia la Corona, un órgano del Estado que no tiene ninguna responsabilidad en ninguna de estas tres crisis».

Añaden otras fuentes que en la sociedad española no existe un debate sobre la Monarquía, como demuestran todas las encuestas realizadas, y ponen como ejemplo que, según el CIS , la Monarquía solo es un problema para el 0,3 por ciento de los consultados. Por lo tanto, el Gobierno estaría creando «un debate artificial en el conjunto de la nación para ir calando sus mensajes, como hicieron en su día las autoridades de la Generalitat en Cataluña para difundir su ideología separatista».

La llamada Ley de la Corona es una ley orgánica mencionada por la Constitución que, 42 años después, no se ha desarrollado. Lo cierto es que ninguno de los seis anteriores presidentes del Gobierno intentó abordarla, y lo sorprendente es que Sánchez plantee ahora una «hoja de ruta» cuando el país afronta un panorama muy complejo con varios frentes abiertos. Resulta llamativo que mientras Moncloa lo anuncia a bombo y platillo, y habla de una iniciativa conjunta del Rey y Sánchez, el Palacio de La Zarzuela guarde silencio. El único que se ha referido sutilmente a ello ha sido el propio Rey en su último Mensaje de Navidad: « El espíritu innovador -dijo- inspira mi reinado desde el primer día ».

También es cierto que Don Felipe echó de menos unas normas cuando fue proclamado Rey, y él mismo estableció algunas medidas de carácter interno para compensar ese vacío. De hecho, reguló las incompatibilidades de los miembros de la Familia Real, estableció un régimen jurídico de los regalos recibidos, aprobó un código de conducta para el personal de la Casa del Rey y sometió voluntariamente las cuentas a la auditoría externa de la Intervención General del Estado, entre otras medidas. Algunas de esas normas no habrían sido necesarias si hubiera existido una Ley de la Corona en su sentido amplio.

Los expertos coinciden en que, dependiendo de cómo se haga, una Ley de la Corona podría institucionalizar la Monarquía y consolidarla, por encima de las personas que la encarnen en cada momento, o convertirla en un instrumento del Gobierno, y dicen que sería indispensable un clima de confianza y lealtad entre La Zarzuela y La Moncloa para que el texto cumpliera las expectativas.

«Si se quiere hacer mal, esta ley puede dejar al Rey desguarnecido y reducido a la mínima expresión», advierten. Una condición indispensable sería que se elaborara de acuerdo con la Casa del Rey, sin roces institucionales, y contara con un amplio consenso en el Parlamento, como en su día contó la Constitución, ya que la Corona es un órgano constitucional, y la ley orgánica que la desarrolle debería contar con el apoyo de todos los grupos constitucionalistas: PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN, PRC, Foro Asturias y Teruel Existe. «Si se hiciera bien, esta podría ser la última oportunidad para conseguir un consenso de tres cuartas partes del Congreso, algo que aún sería posible», sostienen.

La Constitución solo establece en su artículo 57.5 que las abdicaciones, renuncias y dudas sobre el orden de sucesión deben ser reguladas por una ley orgánica. Eso es todo. No obstante, algunas fuentes consideran que ese artículo deja abierta la puerta a introducir otros aspectos colaterales, como por ejemplo los divorcios o la incapacidad transitoria del Rey, que no vienen previstos en la Constitución. Y hay quien va más lejos y cree que, a partir de ahí, habría que desarrollar una Ley de la Corona y regular cuestiones más ambiciosas, como el estatuto jurídico de la Familia Real, sus deberes, sus derechos y sus incompatibilidades; el papel del Heredero de la Corona o el uso de los bienes de Patrimonio Nacional al servicio de la Familia Real. Incluso, sostienen que la ley debería marcar el espacio del Rey, distinto al del Gobierno, y obligar al Ejecutivo a respetarlo.

«La Ley de la Corona no debería ser una cuestión cosmética, sino de fondo -sostiene una fuente jurídica-, porque reinar no es gobernar. La Corona tiene su espacio propio, y el Gobierno tiene la obligación de respetar el ejercicio propio de esa función. El Gobierno puede aconsejar, matizar, pero sin anular la función del Rey».

Regular los derechos y las servidumbres de la figura del Rey también entraña sus dificultades. Por ejemplo, el Rey tiene restringidos sus derechos a votar, a circular libremente o a la libertad de expresión, puesto que debe mantener la neutralidad, está sometido al refrendo del Gobierno y debe comunicar al presidente sus viajes públicos y privados al exterior.

Por otra parte, no podría resolver una de las asignaturas pendientes de la Monarquía, acabar con la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión, ya que para ello haría falta modificar la Constitución. Tampoco podrá eliminar la inviolabilidad del Rey, porque viene establecida en la Carta Magna.