El Gobierno cede ante los separatistas y excluye al Rey de la entrega de despachos a los jueces

Consultados por este periódico, ni el CGPJ ni La Zarzuela explicaron las razones de la ausencia del Rey en el acto del viernes en Barcelona, ni los motivos del cambio de criterio. Don Felipe tiene actos públicos programados en su agenda mañana, miércoles, y el jueves, pero el viernes no tiene ninguno, puesto que había reservado ese día para entregar los diplomas.

Como se sabe, todos los actos del Rey tienen que ser refrendados por el Gobierno, pues así lo establece la Constitución, de manera que Don Felipe, por mucho que quiera, no puede asistir a un acto en contra del criterio del jefe del Ejecutivo . Se deduce que el Rey aceptó presidir la entrega de diplomas, siguiendo la tradición de los últimos veinte años, y que el Gobierno le ha impedido asistir en el último momento para complacer a sus socios separatistas catalanes, quienes están intentando boicotear la presencia de la Corona en Cataluña, especialmente tras el discurso del 3-O de 2017.

La entrega de diplomas se celebra desde hace veinte años en Barcelona, donde está la sede de la Escuela Judicial, excepto el año pasado, que se trasladó a Madrid. Y en todas las ocasiones el Rey ha hecho una defensa firme de la independencia judicial con frases como que los jueces «únicamente están sometidos al imperio de la ley» (2018) o «respetar las resoluciones judiciales es indispensable en democracia» (2019). Frases muy molestas para los separatistas , que intentan doblegar la justicia a sus intereses.

La decisión de excluir al Rey coincide con el proceso de negociación que el Gobierno de Sanchez está teniendo con los separatistas catalanes para obtener su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta cesión se suma a la anunciada reforma del delito de sedición , por la que las penas a las han sido condenados varios de los dirigentes separatistas pasarían de ocho a tres años, lo que supone su puesta en libertad. Esta reforma se va a hacer por el procedimiento de urgencia y sin discusión ni enmiendas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Los separatistas catalanes también exigen al Gobierno que reduzca la partida presupuestaria de la Casa del Rey , si quiere obtener su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Así lo manifestó ayer en el Congreso la diputada de Izquierda Republicana de Cataluña Inés Granollers Cunillera: «Priorice el gasto social en los Presupuestos y eluda el gasto militar y el gasto monárquico, y va a ver como seguramente vamos a estar de acuerdo».

La entrega de los diplomas a los jueces el próximo viernes se celebrará por primera vez en la sede de la Escuela Judicial, pues hasta ahora tenía lugar en el Auditorio de Barcelona. A pesar de que Sánchez ha intentado complacer a los separatistas, excluyendo al Rey, ningún miembro del Gobierno autonómico asistirá , en principio, a la ceremonia. De momento, está prevista la asistencia del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; además de la de los vocales del CGPJ; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, y otras autoridades judiciales.

El año pasado, la entrega de diplomas a los jueces se trasladó a Madrid -se celebró en la Real Academia Española- con el argumento de que coincidían dos aniversarios, los 40 años de la Constitución y los 25 de la ley que regula la formación de los jueces. El traslado se produjo pocas semanas antes de que empezara el juicio contra el «procés» y no sentó nada bien a los magistrados catalanes .

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo pública una nota en la que expresaba su «decepción» por el traslado y esperaban que «sea una decisión transitoria y que en el futuro se den las condiciones para que el tradicional acto de entrega de despachos presidido por Su Majestad el Rey se pueda volver a celebrar» en Barcelona. Finalmente, el acto ha vuelto a Barcelona, pero sin el Rey . Paradójicamente, el Gobierno ha prohibido a Don Felipe que entregue los diplomas a los jueces que impartirán justicia, según la Constitución, en nombre del Rey .