El reparto de menores migrantes entre territorios sigue con la incógnita del PP y sin «plan B»

La intención del Gobierno es llevar al Congreso la reforma de la norma en julio, bien a través de una proposición de ley o de un decreto ley, que tendría que ser convalidado por la Cámara. Sin embargo, ello depende del apoyo del PP, al que el Gobierno ha pedido «responsabilidad», «altura de miras» y una «posición común» en esta cuestión.

«Plan B no hay porque no tenemos un apoyo suficiente para modificar la ley con otros apoyos, pero lo importante es que lo saquemos. Estamos tendiendo la mano al máximo«, ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en rueda posterior al Consejo de Ministros sobre si no consigue el apoyo del PP para reformar la Ley de Extranjería.

En todo caso, Torres ha indicado que no tiene «en la cabeza» que el PP vote en contra de una modificación legislativa. «Tenemos claro que Vox no la va a votar, de ello Vox ni ha acordado en Canarias el texto que han acordado todas las fuerzas, ni nos manifestó en la reunión que tuvimos con ellos ninguna posibilidad de apoyo, ni siquiera de abstención. Es más, su tesis es clara, con respecto a los menores no acompañados, es devolverlos«, ha asegurado sobre el rechazo a la propuesta por parte de la formación liderada por Santiago Abascal.

En esta misma línea, Vox ha avisado al PP que dará por rotos los pactos autonómicos si no evita ese reparto de menores migrantes, a lo que el portavoz del PP, Borja Sémper, ha indicado este martes que el PP es un «partido de Estado». Asimismo, ha rechazado las «amenazas« de la formación de Santiago Abascal.»Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno, ha enfatizado.

El PP ha explicado su voluntad de atender a los menores migrantes no acompañados «hasta el límite de su capacidad», pero con una serie de condiciones, como un fondo de contingencia «con dinero suficiente» para las autonomías porque si no se dan medios se estarán «generando condiciones de inseguridad« ciudadana. Además, ha subrayado que ese acogimiento debe producirse en »todas« las comunidades »sin excepción«.

Si este miércoles el PP no está por la labor, hay un problema que tiene Canarias porque el Gobierno no puede sacar a los menores. Además, han reconocido que aprobar el reparto a través de Real Decreto-Ley y no de una proposición de Ley comporta un problema jurídico ya que hay cuestiones de competencias autonómicas que no te permite el decreto y recuerdan que valdría con que el PP se abstuviera.

El Ejecutivo lamenta que la solidaridad no ha funcionado para justificar la reforma y hacer el reparto obligatorio y ha recordado que sólo han salido 36 menores de Canarias.

Canarias cuenta en estos momentos con 6.000 menores en su territorio de un total de 14.000 que hay en toda España y se busca el reparto de unos 3.000 en un año..