Mogán (Gran Canaria) no asumirá el enterramiento de más migrantes

Con más de 14.500 migrantes que han alcanzado las costas canarias en lo que va de año, y sin haber entrado en el periodo de calmas y temporada alta de llegadas, en las islas hay cientos de migrantes enterrados. Solo en el municipio de Mogán hay una veintena, un número que superan municipios por ejemplo de El Hierro. La alcaldesa del Mogán, Onalia Bueno, ha declarado a Televisión Española que ofrecerá el espacio para los enterramientos pero no se hará cargo de los gastos, que suponen en torno a 800 euros por sepultura.

«Nosotros ya no vamos a asumir ningún enterramiento más por parte de Mogán, porque lo debe pagar el Gobierno de España«, ha expresado a la televisión pública la alcaldesa. »Cederemos nuestros nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona, porque no estamos hablando ni de uno, ni de dos« y esos »son gastos que se retraen de los impuestos de mis vecinos«. Además, subraya Bueno, »aquí ni siquiera el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno, se interesa por nada«.

En 2022 se calcula que fallecieron en la Ruta Canaria más de 1.780 personas, además de varios miles más que siguen desaparecidos.

La ley de enterramientos dice que los ayuntamientos son los responsables de las personas que no tienen recursos fallecidas en su municipio, y por tanto son quienes deben abordar esos costes pero ¿qué ocurre con los fallecidos en alta mar? La norma apunta a las personas fallecidas dentro del término municipal, por lo que Mogán entiende que es el Estado quien tiene que recoger a quienes pierden la vida en el mar y asumir el coste de enterrar a quien ha fallecido.

Según el derecho internacional, son los Estados los responsables del derecho a la sepultura, así como a ciertos derechos como la custodia de muestras de ADN para facilitar datos en el proceso de identificación de las víctimas.

Además, también los pescadores han alertado que hay varias pateras hundidas en el fondo del Muelle de Arguineeguín, algo que supone un peligro ecológico por la acumulación de residuos en el lecho marino.

Los profesionales del mar, los usuarios tradicionales de este enclave, reclaman a las administraciones públicas que hagan algo para resolver esta problemática y que retiren las embarcaciones de la zona.