Canarias ha recibido a más de 2.500 menores migrantes y solo se han realizado 354 traslados desde las islas

Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, que ha pedido este miércoles que se realicen más traslados de menores migrantes a otras comunidades autónomas y que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 convoque otra conferencia sectorial para revisar los criterios.

Delgado ha comentado que Canarias hace un «gran esfuerzo» para atender con dignidad a los menores y con la dificultad de que los 50 millones comprometidos por el ministerio se hacen vía subvención, de ahí que reclame los fondos concedidos a otras comunidades si no han acometido traslados.

Ha insistido en que hay que estar «preparados» ante el repunte de llegadas en septiembre y en octubre debido a que las 'calmas' en el océano y la situación política en El Sahel y Senegal son un «caldo de cultivo» para activar la salida de las embarcaciones.

En esa línea ha apuntado que la ruta canaria «está abierta» y con un «desarrollo incierto», y la inmigración se ha convertido en un asunto «esencial» de la 'agenda canaria' porque pone a prueba a la capacidad de respuesta y acogida en las islas, pues desde 1994 han llegado unas 175.000 personas.

A la espera de mantener reuniones con las ministras de Defensa y Derechos Sociales, Margarita Robles e Ione Belarra, respectivamente, sí ha apuntado que el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, es «consciente» del aumento de los flujos migratorios y por ello se ha previsto acondicionar nuevos espacios en El Hierro y Lanzarote y ampliaciones en Tenerife y Gran Canaria, con una estructura «flexible» adaptada a las circunstancias.

Además, la propia comunidad autónoma trabaja en un modelo de contingencia para los menores, abriendo más centros, especialmente en la isla de El Hierro, la más afectada este verano.

La consejera ha informado que se presentarán las bases del Plan Canario de la Inmigración que establece, entre otras cosas, mejorar la capacidad de coordinación, elaborar programas operativos anuales, fijar protocolos específicos para casos de crisis, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos o mejorar la sensibilización y la integración con la población residente.

Una de las islas que más llegadas ha recibido en este año es El Hierro, y así lo ha apuntado Raúl Acosta (AHI) que señala que en la isla «no hay capacidad» para absorber la fuerte llegada de migrantes desde que comenzó el verano, con servicios «desbordados«, y entiende que España y Europa »tienen que hacer más« con una política de vecindad »verdadera« y sin tintes »colonialistas«.

Ha demandado una inmigración «legal» a través de planes de formación en países de origen para cubrir la demanda de obra en sectores laborales deficitarios y que así «las dos partes salgan beneficiadas». Jesús Ramos (ASG) ha indicado que para el Gobierno canario es «complejo» atender el drama migratorio porque solo tiene competencias en menores, lamentando que la solidaridad del resto de comunidades autónomas ha sido «mínima». «Quizá haya que pedir al Estado a que sea con rango de ley», ha comentado.

Paula Jover (Vox) ha valorado la situación como un «drama humano» por culpa del «efecto de llamada» de determinadas políticas. Ha dicho que también es un «problema» para mantener los servicios en las islas y se ha preguntado si va a haber «medidas preventivas» para tratar de evitar las llegadas y si se va a articular algún protocolo en caso de malas conductas o problemas de integración.

El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha comentado que en lo que va de año Canarias ha recibido la llegada de unos 14.000 migrantes en un contexto de un «nuevo modelo» en el que aparecen neumáticas al lado de cayucos y pateras, pero «más vulnerables», y también se amplían los lugares de salida desde Marruecos y Mauritania hasta Senegal y Gambia.

Ha dicho que solo en 2023, los migrantes proceden de hasta 35 nacionalidades diferentes, lo que refleja la «complejidad» del movimiento migratorio en África, agravado por las guerras, la inestabilidad política y los desastres naturales.

Ha pedido no cosificar a los menores con el nombre de «menas», ha ofrecido apoyo al Gobierno canario para exigir que el Gobierno central y la UE cumplan con sus responsabilidades, si bien ha dicho que es «injusto» decir que el Estado «no ha hecho nada». Campos ha admitido que la respuesta estatal es «insuficiente» pero es «muchísimo mejor» que la de hace dos años y medio y ha insistido en que no van a permitir que las islas se conviertan en «cárceles abiertas».