El Defensor del Pueblo avala la respuesta al volcán Cumbre Vieja, que considera «acorde» a la catástrofe

En su informe, reconoce el «notable esfuerzo normativo, por la vía de urgencia», que ha permitido la puesta en marcha de un «conjunto amplio de medidas de reparación y reconstrucción en todos los ámbitos afectados», que considera se están realizando «en tiempos razonables». También avala que el volumen de recursos previstos y movilizados hasta ahora es «muy significativo» y «parece acorde con la gravedad de los daños acaecidos». Del mismo modo, valora que la respuesta que las administraciones implicadas están dando se hace «de manera conjunta y coordinada».

No obstante, ante una «catástrofe de esta naturaleza y dada la dimensión del daño producido«, expresa, es «comprensible» que las personas afectadas puedan considerar las medidas adoptadas «lentas e insuficientes», por lo que recomienda «considerar en primer lugar a las personas afectadas y la difícil situación en la que se encuentran, tras haber visto destruidas sus viviendas y sus tierras», y que aspiran a «reconstruir sus vidas y a recuperar la normalidad». El Defensor del Pueblo entiende que las administraciones, en sus niveles estatal, autonómico y local, deben «incrementar sus esfuerzos para resolver a la mayor brevedad las solicitudes pendientes, especialmente las relativas a ayudas por la pérdida de la vivienda habitual» y aquellos expedientes que están pendientes. En este sentido, ha instado a que, si es preciso, se refuercen los medios materiales y personales y la detección y corrección de las causas que provoquen retrasos y dificultades en su tramitación.

«La institución estima que la magnitud y amplitud del daño causado por la erupción del volcán, así como el número de afectados, y la transformación de una extensa zona territorial, plantean desafíos que deben ser objeto de reflexión».

Según los datos ofrecidos por las administraciones las ayudas entregadas eran, a fecha 31 de octubre de 2022, de 577,21 millones de euros. De ellos, 259 millones han sido ayudas para viviendas y alojamientos para personas afectadas por la erupción. Y el resto para emergencia social y apoyo al empleo (88,99 millones), ayudas para empresas, autónomos y sectores económicos (84,34 millones) y otras medidas y ayudas.

En esa misma fecha se habían recibido, en el Registro Único de Afectados, 7.860 solicitudes, de las que quedaban pendientes de tramitar el 3,36% (239).

El Defensor del Pueblo ha dirigido al Ministerio de la Presidencia la recomendación de «que se estudie la conveniencia y oportunidad de la adopción de un marco legal específico para las emergencias y catástrofes, vulcanológicas u de otro origen, de gran magnitud y capacidad destructiva, que transforman la configuración del territorio de manera permanente».

Asimismo, con el fin de obtener suelo para las viviendas y actividades de las personas afectadas, el Defensor del Pueblo estima necesario, y así se lo recomienda a la Vicepresidencia de que Comunidad Autónoma de Canarias que apruebe cuanto antes las normas que establezcan la nueva ordenación urbanística que permita afrontar las consecuencias sufridas en el territorio por la erupción volcánica. Y que lo haga lo «más ágil y rápidamente posible», atendiendo a las necesidades de la población afectada.